Casos como los Jacinta, Alberta y Teresa deben de servir para que el Estado garantice medidas de no repetición

Boletín de prensa
Centro Prodh

• Apoyos sociales a iniciativa del gobierno de Querétaro son independientes a la legítima reclamación de reparación de los daños ocasionados.
• Estos apoyos generosos por parte del Estado deben de ser extensos a todos los pueblos indígenas de Querétaro y del país

A raíz de la entrega por parte del Gobierno de Querétaro a Gabriel Alcántara Juan de un apoyo del gobierno estatal, diversos medios locales de Querétaro especularon con el hecho de que dicho beneficio podría sustituir a la reparación del daño que Alberta Alcántara y Teresa González (hermana y esposa, respectivamente de Gabriel) demandan a la PGR. En relación a dichas especulaciones, emitimos esta nota de prensa para precisar algunos aspectos relacionados con los procesos en los cuales el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ejerce la representación legal de Alberta Alcántara y Teresa González.

La demanda de reparación del daño en la que el Centro Prodh representa a ambas mujeres (así como la otra en la que representa a Jacinta Francisco Marcial) buscan en primera instancia que la PGR reconozca plenamente la inocencia de las tres mujeres, que reconozca su equivocación y que tome medidas para evitar la repetición de hechos similares. La reparación pecuniaria no es más que un símbolo de que hay un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, a quien le corresponderá pedir disculpas públicamente por los daños ocasionados a raíz del inicio de una averiguación previa sobre un delito que nunca existió.

Nos parece sumamente relevante destacar que los apoyos gubernamentales de ninguna manera pueden considerarse una reparación del daño. Teresa González, así como Alberta y Gabriel Alcántara, son ciudadanos en pleno goce de sus derechos, por ello son sujetos de participar en los diversos programas sociales que como parte de su trabajo implementan los distintos niveles de Gobierno. Como Centro de Derechos Humanos respetamos su decisión de recibir dichos apoyos, toda vez que no se asumen dentro de las labores de exigencia de justicia que como defensores impulsamos en el ámbito nacional.

Los apoyos que generosamente entrega el Gobierno de Querétaro deben ser considerados dentro de una política que beneficie a los pueblos indígenas del estado. En ese sentido, instamos a que estas acciones no se centren únicamente en Alberta y Teresa, quienes han tenido una mayor notoriedad pública a raíz del caso que el Centro Prodh acompañó, sino que se extiendan a todas las comunidades indígenas queretanas, quienes continúan en situaciones de marginación económica y social, tal como sucede con los pueblos originarios del país.

El pasado 27 de abril, Alberta y Teresa presentaron la reclamación por la reparación del daño, misma acción realizada por Jacinta Francisco Marcial el 13 de septiembre de 2010. Estos procesos los ha acompañado el Centro Prodh, quien asumió la defensa de las mujeres indígenas desde las sentencias condenatorias impuestas en primera instancia. Ahora, es el Gobierno Federal quien deberá responder por los daños ocasionados.

El Centro Prodh seguirá en esta lucha por la justicia, continuando así con la estrecha relación de apoyo y defensa con Alberta, Teresa y Jacinta.

Quetzalcoatl g. Fontanot
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh
Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 4499 4536 (celular)
Correo electrónico: comunicacion@centroprodh.org.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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