Represión en Morelos, única respuesta del Estado mexicano

México D.F., 10 de octubre de 2008 (Cencos).- La respuesta por parte de los gobiernos estatal y federal ante la organización de pueblos indígenas, movimientos sociales y el movimiento magisterial de bases en el estado de Morelos que se oponen a la Alianza por la Educación, ha sido la represión y supresión de derechos fundamentales contra miles de hombres y mujeres de comunidades al sur y al oriente del estado.

La ola de violencia desatada por los cuerpos de seguridad pública, no es una solución al conflicto, dijo Blanca Nieves Sánchez, vocera del movimiento magisterial en esa entidad durante una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos). “hacemos un llamado al pueblo de México para que en una sola voz digamos basta a que se violenten las garantías elementales e individuales”.

Esta declaración de la representante del magisterio de aquella entidad se dan luego de que en los últimos tres días, el gobierno, haciendo un uso excesivo de la fuerza, ha agredido, detenido arbitrariamente y arrestado a cientos de hombres y mujeres, así como allanado casas en las comunidades de Amayucan y Xoxocotla, en operativos policíacos (y con apoyo del Ejército) dónde han resultado lastimados incluso menores de edad. “Estamos viendo que lo que buscan no es una solución, lo que buscan es la represión, estamos peor ahorita que en el 68”, dice Blanca Sánchez.

La vocera incluso alertó que en ambas manifestaciones se detectó la presencia de personas infiltradas, ajenas al movimiento y vestidas de civil, que provocaron y agredieron a granaderos y tras esto las fuerzas de seguridad pública encontraron justificación para iniciar la represión.

“La primera represión violenta fue hace tres días en la carretera federal México-Cuernavaca –narró la representante de los maestros–. Fue una embestida brutal y salvaje [de los cuerpos de seguridad pública], junto con infiltrados en la manifestación de unas 150 personas, mayoritariamente mujeres con niños; se metieron los infiltrados, empujaron a los granaderos y también empezaron a aventarles pedradas, golpes y patadas a las madres y a sus hijos”.

Cuatro días antes, el movimiento era únicamente magisterial, fue a partir del martes que, ante la falta de condiciones del gobierno para negociar, padres de familia decidieron apoyar activamente al movimiento magisterial y en distintas comunidades comenzaron las protestas. Así, fue que decidieron el cierre de carreteras como estrategia para presionar al gobierno al dialogo, pero éste “le está apostando a buscar la solución sólo a través de la pura represión”.

Tras este primer día de represión, se logró una negociación para que cesaran las hostilidades de los cuerpos de seguridad pública y se liberara a manifestantes que ya habían sido detenidos arbitrariamente.

Sin embargo, el día siguiente se montó un operativo contra la comunidad de Amayucan, al oriente del estado. Tras romper el cerco que los pobladores mantenían sobre Cuatro Caminos (un cruce de la carretera) con gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros, los cuerpos policíacos entraron a la comunidad, irrumpiendo en casas para capturar a los manifestantes.

En los operativos contra mujeres niños y hombres, se utilizaron tanquetas y helicópteros de apoyo, además de los gases lacrimógeno y otras sustancias químicas. “Era desgarrador y desesperante ver como las madres perdían a sus hijos, no los encontraban...los niños llorando abrazaban a una maestra que fue aprehendida.. lo único que obtuvo como respuesta uno de ellos fue golpes y patadas y más toletazos hasta que entró en una crisis nerviosa” esa fue la respuesta del Estado según atestiguó la profesora.

Otra estrategia de presión para romper con la resistencia fue la falta de atención médica a los heridos ya que por medio de megáfonos las fuerzas de seguridad les advirtieron que “todos los que quisieran ser entendidos sería en calidad de detenidos”.

Ya para el miércoles las acciones policíacas se extendieron a Xoxocotla. Ante la eminencia del ataque por parte de los cuerpos de seguridad, los manifestantes se replegaron a la caseta de la carretera. De los mil 200 granaderos que se encontraban ahí, según datos entregados por la vocera Blanca Sánchez, los pobladores capturaron y mantuvieron a cinco federales, y tras un repliegue de toda la comunidad al centro del poblado, se decidió, por propuesta de los maestros y tras calmarse los ánimos, que la detención de estos hombres se utilizara para negociar la liberación de presos del movimiento.

Se logró un convenio con una comisión del pueblo y autoridades para que fueran liberado lo policías y a su vez se retiraran de Xoxocotla las fuerzas de seguridad pública, pero tras la liberación, la represión se acrecentó violando así los acuerdos alcanzados.

Hasta el momento, con cálculos aproximados, el movimiento de padres y maestros reporta 25 personas detenidas, al menos 200 lesionados y 100 desaparecidos; sin embargo, debido a la efervescencia y a que las fuerzas estatales y federales mantiene su presencia, resulta difícil saber un número definitivo.

Por su parte la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa advierten de la detención de al menos 49 personas en instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública del estado, dicho reporte se publicó el 10 de octubre. Entre los detenidos había menos de edad que con posterioridad fueron liberados.

En dicho comunicado la CIDHM también expone la posibilidad de que los cuerpos policiales arremetan contra integrantes de los 13 Pueblos, movimiento ecologista en defensa del aire y el agua y que en Xoxocotla participa muy activamente y que ha dado su apoyo a los maestros.

Decenas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las integrantes del Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESCA), se han pronunciado en contra de la violación de los derechos de miles de hombres y mujeres durante estos operativos ordenados desde instancias federales y del estado de Morelos.

Los métodos y formas de proceder de los distintos cuerpos de seguridad son contrarios a las garantías de la población consagradas en la Constitución mexicana y en diversos acuerdos del derecho internacional signados y ratificados por el Estado mexicano.

Entre las demandas del movimientos destacan el hecho de que la Alianza por la Educación no es legal ya que cualquier cambio a la forma en que se regula la educación pública en México se debe realizar a través de las leyes y no con acuerdos políticos como el sostenido por la secretaria de Educación Pública y la dirigenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación.

El documento que se señala como una alianza o pacto entre el gobierno y los maestros ni siquiera ha sido repartido a los maestros, los cuales ya han realizado una petición al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para obtenerlo. Lo único que les fue entregado, es un pequeño resumen, según dijo la vocera del magisterio en Morelos.

El movimiento partió, hace 52 días, con la premisa de que se les permitiera presentar un modelo de alianza educativa adaptado a las necesidades de las seis regiones educativas del estado, pero el gobierno nunca se abrió a la negociación; la respuesta se dejo a cargo de los cuerpo de seguridad pública.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.