Pronunciamientos CENCOS

México D.F., 30 de agosto de 2008 (Cencos).- El incansable luchador social Gilberto Rincón Gallardo falleció el día de hoy en la ciudad de México a la edad de 69 años. Presidía el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cargo al que fue ratificado en 2006.

Rincón Gallardo nació en la ciudad de México el 15 de mayo de 1939, del 31 de julio de 1968 al 22 de diciembre de 1971 fue preso político y obtuvo su libertad bajo palabra. Participó en la fundación del Partido Mexicano Socialista, en donde fue secretario general hasta su disolución en 1989, después de postular en 1988 como candidato presidencial al también fallecido Heberto Castillo para la Presidencia de la República.

Desde su caminar y construcción en la izquierda mexicana, fue fundador del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), donde ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, también diputado federal por el Partido Comunista Mexicano en la LI Legislatura, y miembro del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité central de este partido.

Se desempeñó también como presidente de la Delegación Oficial de México en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, así como de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación.

Fue articulista en el periódico Excélsior y en Notimex, así como comentarista en el programa radiofónico Imagen y asesor en la construcción de la propuesta oficial para la Convención de las Naciones Unidas a favor de las Personas con Discapacidad. Fue fundador del Centro de Estudios para la Reforma del Estado, en donde ocupaba el cargo de director general y publicó el libro A contracorriente.

México D.F., 14 de julio de 2008 (Cencos).- Padres de familia de niños, niñas y adolescentes que padecen problemas de salud mental y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro rechazan la reubicación del nosocomio debido a que el lugar al que serán trasladados son oficinas y no cuentan con las especificaciones necesarias para el tratamiento de las y los menores.

Al respecto, médicos del hospital aseguran que el gobierno federal le ha dado una mala lectura a la salud mental al considerar que no es necesaria; por ello buscan el diálogo con la Secretaría de Salud para exponer sus argumentos.

Y es que el martes 15 de julio deben comenzar a desocupar el nosocomio que da servicio desde hace más de 40 años y al cual se le ha recortando el presupuesto gradualmente, denuncian trabajadoras y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil, quienes comentaron que en varias ocasiones se han enfrentado al desabasto de medicamentos y materiales para las terapias que imparten.

No obstante, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, ha minimizado el conflicto en diversas ocasiones al pedir a los medios de comunicación, incluso en tono molesto, que no compliquen las cosas.

Apenas el 10 de julio el titular de Salud aseguró que el monto por 600 millones de pesos "con el que se construirá la torre de cancerología es producto de un convenio que hizo la administración pasada de Vicente Fox Quesada con la industria tabacalera".

México D.F., 20 de mayo de 2008 (Article 19 / Cencos).- La atracción del caso del asesinato de las comunicadoras triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez de San Juan Copala, Oaxaca, por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) de la Procuraduría General de la República (PGR) siembra la esperanza de que este atentado a la vida de las comunicadoras y contra la libertad de expresión sea investigado y que la impunidad deje de ser el sello característico en casos de agresión a comunicadores.

Aún con la tardanza con la que la subprocuraduría de Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso, el hecho de que el expediente se encuentre en una instancia federal es un paso en la demanda de justicia de familiares de las víctimas, organizaciones civiles y sociales, así como del mismo gremio periodístico sobre el homicidio de las locutoras de La voz que rompe el silencio.

La Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que “el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información”.

México D.F., 7 de mayo de 2008 (Cencos).- De nueva cuenta el importante rol que juegan los medios de comunicación en la construcción de la democracia queda en entredicho con el nuevo desafío de una empresa representa la concentración empresarial así como el poder frente a los órganos del Estado.

TV Azteca, televisora propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, sigue desafiando --sin justificación legal-- al Instituto Federal Electoral (IFE), que ya prepara un nuevo proceso contra la empresa por desacato, con el que sumarían tres procedimientos.

La sanción que impuso el órgano autónomo es burlada por TV Azteca, de la que cabe recordar es concesionaria de una frecuencia radioeléctrica perteneciente al Estado.

TV Azteca se negó primero a cumplir su obligación de recibir material relacionado con la transmisión de espots de partidos políticos a partir del 12 de marzo de acuerdo a las nuevas normas electorales, a la que se agrega la difusión en esa televisora, de una serie de espots acreditados a los partidos que conforman el Frente Amplio Progresista (FAP), cuyos dirigentes se deslindaron de la medida, y en última instancia por haber suspendido la transmisión de los programas de cinco minutos a los que tiene derecho mensualmente cada partido político.

Ante su incumplimiento, la empresa fue sancionada por 5.2 millones de pesos por la negativa a cumplir la transmisión de los programas políticos, mismos que de no transmitir, la cantidad se duplicará por reincidir en el incumplimiento de la ley. Salvador Rocha Díaz, abogado de la empresa, respondió que impugnará la sanción.

México D.F., 21 de abril de 2008 (Cencos).- La liberación del consejero de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, confirma que el activista fue el primer preso político liberado de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

La detención arbitraria de Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, Ignacio García Maldonado y Marcelino Coache Verano, en la ciudad de México, ya que no se les detuvo en flagrancia, ni con órdenes de aprehensión el 4 de diciembre de 2006 —a cuatro días de la toma de posesión del nuevo gobierno—, dos horas después de dar una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social, marcó la política de mano dura del fugaz secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en cuyo expediente se encuentra la represión y encarcelamiento de manifestantes cuando era gobernador de Jalisco.

Jueces del fuero común de Oaxaca resolvieron que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, no comprobó los cargos por los que Sosa fue procesado como responsable de los delitos de robo con violencia y daños, secuestro, lesiones y despojo agravado derivados de la represión en Oaxaca tras estallar el conflicto en el que la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la ciudadanía oaxaqueña se organizaron en la Asamblea Popular de Rublos de Oaxaca, para demandar la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

México D.F., 27 de marzo de 2008 (Cencos).- El Instituto Federal Electoral (IFE) iniciará mañana el procedimiento de sanción a la empresa Televisión Azteca por su negativa a cumplir su obligación de recibir material relacionado con la transmisión de espots de partidos políticos a partir del 12 de marzo.

La documentación del caso se entregará mañana a la Comisión de Quejas del IFE y en un plazo de tres días a partir de la entrega de la información se notificará a la televisora su situación y ésta contará con el mismo lapso para presentar sus alegatos.

Las reformas a la Constitución de septiembre pasado y el nuevo Cofipe obligan a los medios de comunicación electrónicos a transmitir la propaganda de partidos políticos que el IFE regula.

A la negativa de la empresa de Ricardo Salinas Pliego a cumplir con su obligación legal de transmitir los promocionales de los partidos políticos que envía el IFE, se suma la difusión en esa televisora, de una serie de espots acreditados a los partidos del Frente Amplio Progresista (FAP), cuyos dirigentes se deslindaron de la medida.

Al respecto el Cofipe en su título tercero “Del acceso a la radio y televisión, el financiamiento y otras prerrogativas de los partidos políticos” en su Capítulo Primero del acceso a la radio y televisión, Artículo 49 establece:

“5.- El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y este Código otorgan a los partidos políticos en esta materia.

México D.F., 13 de marzo de 2008 (Cencos).- A 22 días de que venció el plazo de entrega, la comisión investigadora de los hechos en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México - el 3 y 4 de mayo de 2006-, se presentó el informe preliminar ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrado en 205 mil 600 fojas totales y 96 discos con imágenes en video relativas a los hechos.

El voluminoso expediente (que debió ser entregado el 21 de febrero), de XIII tomos que se conformaron con 5428 fojas aunque en total, fue turnado al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que con base en la investigación de los magistrados de circuito al frente de la comisión, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, para que se elabore un dictamen que será discutido por el pleno de la SCJN en sesión próxima, en el que los magistrados resolverán si en los hechos de 2006 existió violación a los derechos humanos por parte de las distintas autoridades involucradas.

En comunicado de la SCJN, los comisionados precisaron que en la elaboración de su informe preliminar se consideró el mandato del pleno del Alto Tribunal para que se investigara si los hechos en Texcoco y San Salvador Atenco derivaron en violaciones graves de garantías individuales; si alguien las ordenó; si obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías.

Difusión Cencos México D.F., 10 de marzo de 2008

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organziación de Estados Americanos (OEA) Ignacio Álvarez renunció a su cargo.

Relator especial desde 2006 considera que la situación de la libertad de prensa en el contienente sigue siendo “tan compleja como su propia realidad política”.

“Esa complejidad indudablemente tiene un impacto en la libertad de expresión'’, dijo el venezolano Ignacio Alvarez, quien ejerció el cargo durante dos años.

Ante ello, en 2007 en el 128° periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano aceptó que el Relator Especial para la Libertad de Expresión realizara una visita para dar seguimiento puntual al informe presentado por organizaciones civiles y sociales, sin embargo el gobierno federal decidió postergar dicha visita hasta abril de 2007 que con la renuncia del relator se hace aun más incierta.

"La vulnerabilidad para el ejercicio del periodismo en el contienente es enorme", dijo Ignacio Álvarez en entrevista para la agencia de noticias AP.

“Los problemas siguen siendo los de siempre: algunos tan burdos como el asesinato de periodistas, hasta la discusión sobre cuál es el papel del estado en materia del pluralismo y la concentración de propiedad en los medios".

Indicó que en medio de esa “compleja realidad política" regional, el debate sobre si el Estado debe tener o no un papel activo en la libertad de expresión seguirá todavía en debate por largo tiempo.

México D.F., 8 de marzo de 2008 (Cencos).- En el marco del Día Internacional de la Mujer, una de las reflexiones importantes se vincula a la participación de la mujer en el cambio social, en el que cada vez es mayor su voz, sin embargo sus derechos siguen sin ser respetados ni garantizados en varios niveles estructurales.

El compromiso de las mujeres en la construcción de la democracia se ejemplifica con el gran número de defensoras en el amplio abanico de derechos humanos, uno de ellos se da desde el ámbito de la comunicación.

Desde la trinchera de los medios de comunicación han sido las periodistas quienes se han atrevido a denunciar los abusos a los derechos humanos y a los que se les ha vulnerado en sus garantías para ejercer su derecho a defender desde los distintos espacios.

Así, Lydia Cacho ha pasado por un largo camino poniendo en la agenda pública la existencia de redes de pederastia, mientras que las instancias que debiesen de garantizar el ejercicio de su derecho y la protección de aquellos a los que ha denunciado, sólo han dejado al descubierto la impunidad; Carmen Aristegui, la voz de muchas de aquellas voces que no tienen acceso a los medios de comunicación, como mujeres, defensores y defensoras de derechos humanos, indígenas, periodistas y esos temas que no caben en los medios, ha sido el ejemplo y la muestra de los niveles de precariedad de la pluralidad informativa en nuestro país, ya que no pudo renovar su contrato por "no ajustarse al modelo informativo".

México D.F., 29 de febrero de 2008 (Cencos).- Por incurrir en irregularidades, la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 19 kilómetros de la obra carretera Bolaños-Huejuquilla, justo el tramo del paso por territorio de la comunidad indígena huichol de Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic.

La clausura del tramo obedece a una denuncia de la sociedad civil interpuesta el pasado 12 de febrero por las autoridades tradicionales de las autoridades tradicionales de la Nueva Colonia Comunidad Indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, quienes reclaman la violación de sus derechos humanos así como la degradación ambiental por la construcción irregular de la carretera que segmenta parte de su territorio enclavado en la Sierra Madre Occidental.

La Profepa decidió la clausura de la obra por la poda sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la vegetación forestal del lugar y no presentó el estudio de daños y afectaciones que le había sido señalada como “medida de urgente aplicación” a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de Jalisco (Sedeur).

Según un censo de las autoridades ambientales, en total fueron removidos 876 árboles; 187 pinos, 105 robles y 147 encinos, y se impusieron medidas correctivas a la Sedeur para reforestar los terrenos afectados con el fin de evitar la degradación del suelo y minimizar los impactos a los corredores biológicos de la fauna silvestre de la zona.