Boletines de Prensa

México D.F., 24 de julio de 2008 (Cencos).- El gobierno del estado de Chiapas liberó hoy a siete presos políticos, injustamente encarcelados, quienes demostraron su inocencia.

Los liberados son Miguel Díaz López, Juan Díaz López y Antonio Díaz Pérez de La Voz de Los Llanos; Jesús López López, Julio César Pérez Ruiz y María Delia Pérez Arizmendi (última mujer de este grupo) de La Voz de El Amate; y Víctor Manuel Escobar Pineda, adherente a La Otra Campaña, detenido por la policía el pasado 22 de julio en la comunidad de Cruztón, Venustiano Carranza, y recluido en Chiapa de Corzo, acusado de haber agredido a un agente del Ministerio Público lo que no se le comprobó.

Los liberados de La Voz de los Llanos y La Voz de El Amate participaron en las huelgas de hambre y ayuno de los primeros meses del año, pero no habían obtenido su libertad “porque el gobierno del estado consideró en su momento que no se demostraba su inocencia”, señala el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en un comunicado.

Por otro lado, Víctor Manuel Escobar Pineda, maestro de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y adherente a La Otra Campaña, fue detenido mientras apoyaba solidariamente una jornada de limpieza del manantial y las milpas de Cruztón, también adherente a La Otra Campaña, que se encuentran exigiendo su derecho a la tierra.

México DF., 24 de julio del 2008 (Cencos).- El Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán dio a conocer mediante un comunicado la suspensión temporal del basurero tóxico que la empresa española Befesa pretende construir en tierras de ese municipio del estado de Hidalgo.

La organización dio a conocer el acta de amparo número 652/2008-V-A expedida por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo con fecha del 15 de julio de 2008 en la que “se les concede la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la construcción y entrada en operación del confinamiento, controlado de desechos industriales en el ejido de Cuauhtémoc, hoy San Antonio, ubicado en Bothiña, Zimapán, Hidalgo”. Dicha acta va dirigida a autoridades locales como el procurador Federal de Protección al Medio Ambiente, el delegado federal en Hidalgo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Ayuntamiento y al presidente Municipal Constitucional y Director de Obras Públicas del estado.

De esta forma Todos somos Zimapán demanda que las cosas se queden en el estado que actualmente guardan y que las autoridades responsables provean lo conducente a fin de suspender la construcción y entrada en operación del confinamiento en cita.

Por otro lado, la agrupación denuncia que algunos medios de comunicación del estado se han dado a la tarea de decir que el único amparo que el movimiento de Zimapán ha ingresado es el de las órdenes de aprensión en contra de sus compañeros del movimiento.

México D.F., 24 de julio de 2008.- (Cencos).- Una vez más, campesinos de la región de Venustiano Carranza en Chiapas pidieron detener las violaciones a los derechos humanos por parte de elementos militares que desde agosto de 2007 ocurren en la entidad, por lo que la Organización Campesina Emiliano Zapata y comunidades de la región presentaron ante el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas un documento en el que expresan la situación que padecen por la presencia de efectivos del Ejército Mexicano.

El oficio sostiene que las comunidades han sido victimas de amenazas y hostigamiento por parte de las fuerzas armadas debido a la lucha que mantienen por la defensa de sus derechos fundamentales, entre los que destacan el derecho a la educación, salud, democracia, justicia y libertad pero principalmente por la lucha de la tierra, demanda que exigen desde hace algún tiempo al Gobierno Estatal y Federal, al igual que la constante lucha "contra los caciques encabezados por Jesús Orantes Ruiz líder cenecista de la región".

Recientemente, el 19 de julio, los actos represivos y hostigamiento militar se dieron en las comunidades El Limón, Chitama, 28 de junio, Laguna Verde, 20 de noviembre, San Isidro los Laureles, La Gloria, San José La Grandeza, Nuevo Paraíso, El Puerto, San Lázaro, Guadalupe La Cuchilla, San Caralampio Chavin, entre otras; especialmente en la comunidad 20 de Noviembre y San Isidro los Laureles, en donde ingresaron a las parcelas con el pretexto de rastrear droga.

México D.F., 24 de julio de 2008 (Cencos).- El derecho humano al agua, contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) firmado y ratificado por México desde 1981, se inscribe dentro del derecho a un nivel de vida adecuado y a la salud, así como a un medio ambiente sano. Ambos derechos están siendo violados en el municipio de Zinacantepec, Estado de México y en la comunidad de Zaragoza, Veracruz. La contaminación de las aguas de ambas regiones impide a sus pobladores ejercer dichos derechos lo que los ha llevado a organizarse para exigirlos y hacerlos cumplir.

Pobladores de las dos comunidades han comenzado movilizaciones para evitar el deterioro ambiental de su entorno. En el municipio de Zaragoza, en la zona del istmo veracruzano, el Consejo Ciudadano de Zaragoza ha iniciado la defensa de los tres arroyos de su localidad ya que presentan un alto grado de contaminación. Por otra parte, en el Estado de México, mujeres y hombres de San Juan de las Huertas, en Zinacantepec ha llevado acciones para evitar la construcción de un relleno sanitario que tendrá graves afectaciones al ambiente y la salud de la población. Ambos movimientos apoyan sus pasos en la defensa del derecho humano al agua.

Entre los instrumentos internacionales para defender sus derechos destaca la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 26) o Pacto de San José, que en su Protocolo Adicional a la Convención en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) establece como obligación del Estado adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de los y las ciudadanas bajo su jurisdicción, y también reiteran el derecho a la salud y a un medio ambiente sano (artículos 10 y 11, respectivamente) “así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”.

México D.F., 22 de julio de 2008 (Cencos).- El 18 de junio del presente año, elementos de la Policía Estatal Preventiva acompañados por simpatizantes priístas del Ejido San José Cerro Grande I, así como representantes del Ministerio Público y el delegado de Gobierno del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, tomaron las tierras de la comunidad de Cruztón, permaneciendo ahí hasta el momento.

Durante la ocupación, los agentes policiales y el grupo de San José Cerro Grande I destrozaron los cultivos de los habitantes y contaminaron el agua del manantial que abastece a la población, ocasionando enfermedades estomacales, vómito, diarrea y fiebre, denuncia la comunidad de Cruztón en un comunicado.

Los habitantes manifiestan su preocupación ya que la policía estatal y los integrantes del ejido San José Cerro Grande I, han iniciado la tala de árboles para extraer madera, "lo que demuestra el poco interés que muestra el gobierno por la naturaleza".

Algunos de los pobladores señalaron que “la policía y el otro grupo está destruyendo nuestras siembras, que son aproximadamente 70 hectáreas, en las cuales hemos sembrado maíz y hortalizas; esta siembra es nuestra esperanza para alimentar a nuestras familias en este año, pues no contamos con otras tierras para sembrar, nuestra preocupación es que hemos invertido el poco de dinero con el que contamos.

México D.F., 22 de julio de 2008 (Cencos).- Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X) y la organización ambientalista Greenpeace presentaron un estudio de escenificación del Gran Bosque de Agua ante la próxima la aprobación, por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la construcción de la autopista Lerma-Tres Marías que atravesaría estos bosques causando daños irreversibles a la zona y por consiguiente a la ciudad de México, así como otras ciudades en los estados de Morelos y Estado de México.

La escenificación fue presentada por los investigadores de la UAM-X Diego Reygadas y Francisco Romero, este último aclaró que aunque “sí hay proyectos de conservación y sí hay algunas acciones que se están llevando, básicamente todo está disgregado, no hay un programa integral para toda la región” por lo cual no se puede atender de manera adecuada el problema de la devastación del Gran Bosque de Agua que se localiza al sur de la cuenca de la ciudad de México y ocupa zonas del Distrito Federal, Morelos y Estado de México.

Esta zona de bosque se extingue a un promedio de una hectárea al día, lo que significa que al año desaparece un 2 por ciento de éste debido principalmente a la tala ilegal y la creciente urbanización de la zona; ambos problemas se acelerarán si se construye la autopista Lerma-Tres Marías ya que, según revela el estudio presentado, las carreteras de este tipo son los ejes que permiten la explosión del desarrollo urbano.

Difusión Cencos México D.F., 22 de julio de 2008

Comunicado de prensa

Alrededor de 17 congresos locales y el Congreso de la Unión incumplieron el día de hoy, la obligación constitucional de modificar las leyes de transparencia y acceso a la información.

El 20 de julio de 2007 se publicó una reforma constitucional por medio de la cual se regula de forma específica el derecho fundamental de acceso a la información en México. El Artículo Segundo Transitorio del Decreto de promulgación señala la obligación de la Federación, los Estados y el Distrito Federal de expedir leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia o realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este decreto. El día de ayer se venció este plazo.

El vigente Artículo Sexto Constitucional, y al que deben ajustarse las leyes, establece que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal se regirán por los principios de máxima publicidad, protección de datos personales y la garantía de acceso gratuito a la información pública.

Este artículo pone especial énfasis en el establecimiento de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se lleven a cabo ante órganos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión.

Difusión Cencos México D.F., 22 de julio de 2008

Boletín de prensa
Human Rights Watch

EE.UU. debe respetar orden de corte internacional de detener ejecuciones en Texas

Bush debe intervenir para hacer respetar el derecho internacional

El Presidente George W. Bush debe instar públicamente al estado de Texas a que respete la orden de la Corte Internacional de Justicia y detenga las ejecuciones de cinco ciudadanos mexicanos, señaló hoy Human Rights Watch.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya está examinando un caso presentado por México cuestionando las condenas a muerte dictadas en Estados Unidos contra 51 ciudadanos mexicanos, a los que negaron el derecho a ponerse en contacto con funcionarios consulares mexicanos después de su detención. El 16 de julio, la CIJ ordenó a Estados Unidos que “adoptara todas las medidas necesarias” para garantizar que cinco de los 51 condenados – José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos – no sean ejecutados antes de que la Corte emita un veredicto sobre el caso. Los cinco se encuentran en el corredor de la muerte en Texas y la ejecución de Medellín está programada para el 5 de agosto.

“El gobierno de EE.UU. admite que las ejecuciones de los ciudadanos mexicanos constituirían una violación del derecho internacional”, señaló David Fathi, director del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “El presidente Bush debe transmitir públicamente un mensaje claro para detener estas ejecuciones”, agregó.

México D. F., 21 de julio de 2008

Atención: Jefatura de información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales.

Invitación a Conferencia de Prensa

Las reformas en transparencia y acceso a la información no llegan a los estados

Se abordarán la implicación que tiene la omisión en la que incurrieron varias legislaturas de los estados de la República en la promoción del acceso a la información y la transparencia.

Este lunes 21 de julio, se venció el plazo de un año que tenían los congresos estatales para adecuar su legislación en los términos del nuevo artículo 6° constitucional de los 32 estados.

Sólo 12 estados han reformado sus leyes de acuerdo al nuevo estándar constitucional.

En algunos estados, las reformas son sólo una simulación mientras en otros apuntaron a mayor opacidad.

Convocan:

•Alianza Cívica
•Artículo XIX
•CENCOS
•Ciudadanos por Municipios Transparentes
•Fundar, Centro de Análisis e Investigación

La cita: Martes 22 de julio de 2008 a las 12:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, colonia Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a Las Cibeles

Para mayores informes comunicarse con Miguel Pulido de FUNDAR, al teléfono 55 54 3001 ext. 128 y con Francisco Barrón Trejo al Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) a los tels. 55336475 (76)

México D.F., 21 de julio de 2008 (Cencos).- Poner en manos de compañías privadas la seguridad pública, implica la violación del derecho humano a la seguridad, sostuvieron expertos del Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP), en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde se presentó el estudio La invasión de empresas militares privadas como parte de la privatización petrolera.

“La seguridad es un derecho fundamental del ser humano, y la seguridad nacional es la conjunción de ese derecho individual transformado en colectivo, nosotros no podemos poner en riesgo el derecho de la seguridad para convertirlo en una mercancía” dijo José Suárez del Real, integrante del consejo consultivo del CESP durante el evento donde también se dio a conocer al CESP como organismo de la sociedad civil.

Adolfo Miranda, presidente del CESP, presentó dos escenarios posibles bajo los cuales se podría privatizar la seguridad publica en México. El primero supone la llegada de las compañías contratistas en su mayoría estadounidenses (Blakwater, Kellogh, Brown and Roth, Globlal Risk, Skycoleman, Dincorp, también llamadas de mercenarios) para asumir la protección de infraestructura estratégica vinculada al petróleo de aprobarse la reforma energética actualmente en discusión, para después ocupar otros ámbitos de la seguridad publica mexicana; el segundo y menos probable, es que se implantará un modelo como el que actualmente opera en Ecuador donde la trasnacional española Repsol contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano para que asumiera la función de vigilar sus instalaciones desvirtuando así el propósito de la institución militar en aquel país debido a que responden a las órdenes de la empresa petrolera extranjera y no a los intereses de su nación.