México D.F., 24 de julio de 2008 (Cencos).- El derecho humano al agua, contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) firmado y ratificado por México desde 1981, se inscribe dentro del derecho a un nivel de vida adecuado y a la salud, así como a un medio ambiente sano. Ambos derechos están siendo violados en el municipio de Zinacantepec, Estado de México y en la comunidad de Zaragoza, Veracruz. La contaminación de las aguas de ambas regiones impide a sus pobladores ejercer dichos derechos lo que los ha llevado a organizarse para exigirlos y hacerlos cumplir.
Pobladores de las dos comunidades han comenzado movilizaciones para evitar el deterioro ambiental de su entorno. En el municipio de Zaragoza, en la zona del istmo veracruzano, el Consejo Ciudadano de Zaragoza ha iniciado la defensa de los tres arroyos de su localidad ya que presentan un alto grado de contaminación. Por otra parte, en el Estado de México, mujeres y hombres de San Juan de las Huertas, en Zinacantepec ha llevado acciones para evitar la construcción de un relleno sanitario que tendrá graves afectaciones al ambiente y la salud de la población. Ambos movimientos apoyan sus pasos en la defensa del derecho humano al agua.
Entre los instrumentos internacionales para defender sus derechos destaca la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 26) o Pacto de San José, que en su Protocolo Adicional a la Convención en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) establece como obligación del Estado adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de los y las ciudadanas bajo su jurisdicción, y también reiteran el derecho a la salud y a un medio ambiente sano (artículos 10 y 11, respectivamente) “así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”.
