Difusión Cencos México D.F., 22 de julio de 2008
Gobernador Richard Perry,
Ofcina del Gobernador,
P.O. Box 12428, Austin, Texas 78711-2428, USA
22 de Julio de 2008
Ciudad de México
Gov. James Richard Perry:
Por medio de la presente deseo expresarle mi honda preocupación por la posición asumida por su gobierno en relación con el caso de los 5 mexicanos condenados a muerte a favor de los cuales la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) ha ordenado la suspensión de sus ejecuciones.
Como es de su conocimiento, la CIJ dictó en el año 2004 una sentencia a favor del Estado mexicano en la cual ordena a los Estados Unidos la revisión de los procesos judiciales de 51 mexicanos condenados a muerte debido a la violación de sus derechos consulares de conformidad con la Convención de Viena de 1963 sobre las Relaciones Consulares.
A pesar de ello, se ha fijado como fecha para la ejecución de José Ernesto Medellin el día 5 de agosto del presente, con motivo de lo cual el Estado mexicano ha recurrido nuevamente ante la CIJ para solicitar la adopción de medidas provisionales consistentes en la suspensión de esta y cuatro ejecuciones más. En días pasados, la CIJ ha decidido otorgar dichas medidas provisionales; sin embargo, según se ha dado a conocer, el gobierno a su cargo ha manifestado su nula voluntad de acatar esta sentencia internacional cuyos efectos son indudablemente obligatorios.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y bajo todas las circunstancias. Aún así, este caso cobra especial relevancia por la gravedad que representaría el hecho de que los Estados Unidos incumplieran la sentencia de un tribunal internacional.
La moratoria para la ejecución de sentencias por pena de muerte aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas es una evidente muestra de la tendencia que a nivel internacional los países han determinado hacia un mundo donde la pena de muerte sea abolida en su totalidad.
Como parte del movimiento de derechos humanos más grande del mundo, le solicito dar cumplimiento a las medidas provisionales dictadas por la CIJ, específicamente en lo relacionado con el caso de José Ernesto Medellin, y para acatar de igual manera el fallo de 2004 del Caso Avena resuelto por este mismo órgano jurisdiccional internacional.
Esperando una pronta respuesta favorable a esta solicitud, le envío un cordial saludo.
Alberto Herrera Aragón
Director Ejecutivo
Amnistía Internacional México
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Artículo 19
