México D.F., 13 de marzo de 2008 (Cencos).- A 22 días de que venció el plazo de entrega, la comisión investigadora de los hechos en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México - el 3 y 4 de mayo de 2006-, se presentó el informe preliminar ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrado en 205 mil 600 fojas totales y 96 discos con imágenes en video relativas a los hechos.
El voluminoso expediente (que debió ser entregado el 21 de febrero), de XIII tomos que se conformaron con 5428 fojas aunque en total, fue turnado al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que con base en la investigación de los magistrados de circuito al frente de la comisión, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, para que se elabore un dictamen que será discutido por el pleno de la SCJN en sesión próxima, en el que los magistrados resolverán si en los hechos de 2006 existió violación a los derechos humanos por parte de las distintas autoridades involucradas.
En comunicado de la SCJN, los comisionados precisaron que en la elaboración de su informe preliminar se consideró el mandato del pleno del Alto Tribunal para que se investigara si los hechos en Texcoco y San Salvador Atenco derivaron en violaciones graves de garantías individuales; si alguien las ordenó; si obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías.
La SCJN enfrenta una decisión que marcará precedente en la aplicación de justicia y la protección a los derechos humanos en el país. Cabe mencionar que diversas denuncias de organizaciones nacionales e internacionales en el tema sitúan al caso de San Salvador Atenco como el claro ejemplo de la falta de garantías a los derechos humanos, abuso de poder, uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades mexicanas y la política de represión que ejerce el gobierno.
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, casi 3 mil policías estatales y federales tomaron parte en una operación contra las manifestaciones encabezadas por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y en San Salvador Atenco, en el Estado de México.
El saldo de la incursión de las fuerzas policíacas tuvo como resultado: 207 personas detenidas, los estudiantes universitarios Alexis Benhumea Hernández y Javier Cortés Santiago muertos, decenas de manifestantes heridos y muchas personas detenidas que sufrieron torturas, malos tratos y 23 mujeres fueron víctimas de agresiones sexuales.
A ya casi dos años, más de 150 personas detenidas durante las manifestaciones están siendo procesadas, acusadas de ataques a las vías de comunicación. De ellas, 25 siguen encarceladas, esperando proceso.
Las actuaciones judiciales contra los pobladores han estado llenas de irregularidades y han vulnerado sistemáticamente las normas internacionales de derechos humanos, sostiene Amnistía Internacional (AI).
AI destaca el caso de la presa de conciencia Magdalena García Durán, indígena mazahua, vendedora ambulante y madre de cinco hijos que fue encarcelada el 4 de mayo de 2006 y liberada el 9 de noviembre de 2007, a quien imputaban los cargos de secuestro equiparado de seis agentes de policía y de ataque a las vías de comunicación y medios de transporte.
Asimismo, destaca la liberación el pasado 8 de marzo de César del Valle Ramírez, hijo de Ignacio Del Valle Medina y María Antonia Trinidad Ramírez de Del Valle preso en el penal del Altiplano, condenado a 67 años 6 meses de prisión, Georgina Edith Rosales González y de Rufino González Rosas encarcelados desde el 4 de mayo de 2006 en el penal de Molino de Flores de Texcoco, Estado de México.
Obligada al exilio tras la detención de su esposo e hijo, María Antonia Trinidad Ramírez de Del Valle, Trini, regreso a su hogar en noviembre de 2006 con la protección de dos amparos contra posibles órdenes de aprehensión
Al respecto, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos en su informe del 19 de febrero de su VI visita a México, afirma que la represión en San Salvador Atenco “puede ser entendido como una auténtica política de Estado”.
Por su parte, Human Rights Watch en su informe “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México: Una Evaluación Crítica” presentado el 13 de febrero pasado, destaca la falta de seguimiento de la CNDH sobre los acontecimientos en San Salvador Atenco.
En un documento entregado a Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Húmanos, el pasado 5 de febrero durante su visita a nuestro país, organizaciones civiles y sociales denunciaron que diversos actores sociales que han participado en movimientos sociales y civiles, han sido objeto de ataques a sus derechos humanos, que van desde la calumnia y amenazas, hasta las detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.
Como en el caso de Lydia Cacho, la SCJN tiene en las manos una decisión de suma importancia para las mexicanas y mexicanos que impondrá la línea que seguirán los impartidores de justicia del país frente a luchadores y luchadoras sociales, así como en la defensa, promoción y vigilancia de los derechos humanos en el país.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C.
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