México D.F., 19 de diciembre de 2007 (Cencos).- La tarde del 22 de diciembre de 1997 llegó un fax a la oficina de Cencos en el que se anunciaba, con una letra temblorosa y apurada, la masacre de 45 indígenas tzotziles, mujeres, niños y hombres entre ellos, integrantes de la organización civil Las Abejas en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas
La directora en ese momento, Cecilia Sánchez (q.e.p.d), emitió un comunicado con la escueta información con la que contaba e hizo público el genocidio perpetrado por paramilitares en colusión con autoridades estatales.
A una década del condenable asesinato, en el país permanecen las condiciones de injusticia e impunidad que se dieron en Acteal. La administración de Ernesto Zedillo, la posterior de Vicente Fox y la actual de Felipe Calderón han dejado que dicho crimen quede sin castigo por los autores.
La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la Organización de Naciones Unidas, ratificada por nuestro país el 22 de julio de 1952, establece, en su artículo II: "... se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
El caso sigue abierto. “Quedan por ejecutarse 27 órdenes de aprehensión en contra de autores materiales. Es necesario profundizar en las investigaciones sobre la responsabilidad penal individual de los funcionarios públicos que fomentaron la formación de los grupos civiles armados contrainsurgentes (genéricamente llamados paramilitares), y que condujeron desde los ámbitos del poder las agresiones de muerte y lesiones graves contra personas inocentes e indefensas el 22 de diciembre de 1997”.
“Están pendientes de ser llamados a la justicia: el ex secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar; el ex secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani; el ex secretario de Seguridad Pública, Jorge Gamboa Solís; el ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro; el mando la VII Región Militar en esa época, Mario Renán Castillo, y por supuesto, los ex secretarios de Defensa Miguel Ángel Godínez Bravo y Gobernación, Emilio Chuayffet, y el ex presidente Ernesto Zedillo. Todos ellos llevaron a cabo en Chiapas una política de fomento y aquiescencia a grupos de civiles armados contrainsurgentes, lo que debe ser juzgado administrativa, penal e internacionalmente”, sostiene el abogado José A. Montero Solano, exrepresentante legal de las víctimas de Acteal, en un artículo publicado en La Jornada el 31 de octubre pasado.
El 23 de junio pasado la Fiscalía Especial para el caso Acteal encontró en una cueva dos armas de grueso calibre y cargadores utilizados por paramilitares priístas en la matanza del 22 de diciembre de 1997, informó la organización civil Las Abejas, a la cual pertenecían las víctimas, con lo que se refuerzas las averiguaciones hechas por la organización civil chiapaneca.
Esta es una lamentable fecha en la historia del país, y sobre todo cabe reflexionar sobre las condiciones en las que se suscitó la masacre de Acteal; ya que éstas se mantienen no sólo en Chiapas sino en varios municipios del país, en los que la pobreza, la corrupción de autoridades, la ineficacia de la justicia y la impunidad generalizada en el país son un campo fértil para que se lleven a cabo las violaciones reiteradas y sistemáticas a los derechos humanos y son los grupos más vulnerables quienes se ven en mayor medida afectados.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos)
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