Send to Friend

Comunicado íntegro

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 128º período ordinario de sesiones del 16 al 27 de julio de 2007. La CIDH está integrada por Florentín Meléndez, Presidente; Paolo Carozza, Primer Vicepresidente; Víctor Abramovich, Segundo Vicepresidente; y los Comisionados Clare K. Roberts, Freddy Gutiérrez, Paulo Sérgio Pinheiro y Evelio Fernández Arévalos. El Secretario Ejecutivo de la CIDH es el Dr. Santiago A. Canton.

Por razones de fuerza mayor, el Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro se excusó de participar en este período de sesiones.

Durante este período de sesiones, la CIDH aprobó 44 informes sobre casos y peticiones individuales. Los días 18 y 20 de julio se celebraron 25 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos. Además se realizaron 15 reuniones de trabajo en las que participaron representantes de las dos partes en el marco de peticiones y casos en trámite en la Comisión. La Comisión decidió además reasignar algunas funciones, con lo cual la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias quedó a cargo del Presidente Florentín Meléndez y las Relatorías de El Salvador, Panamá y Uruguay quedaron a cargo de los Comisionados Víctor Abramovich, Paulo Sérgio Pinheiro y Paolo Carozza, respectivamente.

La participación en audiencias y reuniones de trabajo de representantes de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de quienes lo hicieron en carácter de víctimas o peticionarios, constituye una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes del Hemisferio. La Comisión Interamericana valora y agradece dicha asistencia y participación.
Al respecto, cabe destacar la participación de altas autoridades gubernamentales de varios países, en una demostración de voluntad de diálogo de sus respectivos Estados con la CIDH y con la sociedad civil.

Siguiendo la tradición de reunirse en cada período de sesiones con los representantes de los Estados de una región del continente americano, la Comisión Interamericana mantuvo un fructífero encuentro durante esas sesiones con los Embajadores de la región Andina, donde se avanzó en el diálogo sobre formas de mejorar los mecanismos de defensa de los derechos humanos en el continente y en el fortalecimiento de las relaciones entre la CIDH y los Estados.

La CIDH tendrá su 129º período extraordinario de sesiones en Paraguay del 5 al 7 de septiembre de 2007, y su 130º período ordinario de sesiones en su sede en Washington, D.C., del 8 al 19 de octubre. El 19 de agosto de 2007 vence el plazo previsto en el artículo 62.2 del Reglamento de la CIDH para presentar solicitudes de audiencias y reuniones de trabajo para el 130º período ordinario de sesiones.

*I. INFORMES GENERALES *

*A. Informe sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales *

La Comisión analizó en este período de sesiones un documento sobre indicadores en materia de derechos económicos sociales y culturales, elaborado en cumplimiento al mandato otorgado mediante resolución adoptada por la Asamblea General el 7 de junio de 2005. Con la elaboración de este documento, la CIDH busca aportar una herramienta que sirva de base para la presentación de los informes del Protocolo de San Salvador, y que también sea útil para el diseño de un mecanismo interno de evaluación permanente para cada Estado Parte. Como anexo al documento sobre indicadores, se sometió a la consideración de la Comisión otro documento sobre acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

*II. INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES *

La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos.

Los informes aprobados por la CIDH reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de las personas privadas de libertad, entre otros asuntos.

Se aprobaron 23 informes de admisibilidad, 7 de inadmisibilidad, 4 de fondo, 2 de solución amistosa y 8 de archivo. Una vez que sean notificadas las partes, la Comisión Interamericana publicará la lista de casos en que la decisión es de carácter público y los colocará en su página en Internet.

*III. AUDIENCIAS*

Los días 18 y 20 de julio se celebraron 25 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos. Las audiencias referidas a casos y peticiones individuales versaron sobre cuestiones de admisibilidad, fondo, solución amistosa y seguimiento. Varias de las audiencias fueron transmitidas en vivo por Internet. Los videos de estas audiencias y las grabaciones de audio de todas las audiencias públicas celebradas en estas sesiones están a disposición de los interesados en la página en Internet de la CIDH.

Las personas que acuden a brindar testimonios o información durante las audiencias deben gozar de todas las garantías necesarias. En la resolución de la Asamblea General de la OEA del 8 de junio de 1990 se solicita a los Gobiernos "que otorguen las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a fin de que puedan continuar contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y respeten la libertad e integridad de los miembros de tales organizaciones".

Asimismo, el artículo 61 del Reglamento de la CIDH dispone: "El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión".

*A. Situación general en Estados miembros de la OEA *

La CIDH celebró audiencias sobre la situación general de derechos humanos en Colombia, Guatemala y Haití.

Respecto de *Colombia*, durante el 128° período de sesiones la Comisión recibió información de organizaciones de la sociedad civil sobre la situación general de derechos humanos en el país y la situación de niños, niñas y jóvenes vinculados con el conflicto armado interno. También recibió información sobre las actividades de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, en una audiencia solicitada por el Gobierno y en la que presentó información el presidente de dicha Comisión, Dr. Eduardo Pizarro.

Con respecto a *Haití*, la Comisión recibió información sobre la situación general de derechos humanos en el país, así como información específica sobre actos de violencia en la ciudad de Gonaives y sobre el rol de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial para evitar actos de violencia y para asegurar que los perpetradores rindan cuentas por los hechos. Los peticionarios indicaron que la situación de seguridad en Gonaives se deterioró en forma significativa durante los primeros cinco meses de 2007, cuando pandillas armadas cometieron frecuentes actos de violencia, como asesinatos y violaciones.

En particular, denunciaron el asesinato del periodista radial Alix Joseph de Gonaives y la ausencia de una investigación efectiva e inmediata del caso. Expresaron además su preocupación por la falta de suficiente presencia policial en Gonaives durante este período e hicieron referencia a un creciente sentimiento de frustración entre la población civil, que generó protestas populares en reclamo de justicia y procesamiento de los perpetradores de actos violentos.

Los peticionarios indicaron que las fuerzas policiales han adoptado pasos proactivos desde mayo de 2007 para detener a personas sospechosas de ser criminales, lo cual ha contribuido a una reducción del crimen violento. Sin embargo, los peticionarios expresaron preocupación por la existencia de serias deficiencias, tales como procedimientos fallidos y excesivamente lentos en el sistema de cortes en Gonaives. También reportaron numerosas irregularidades y violaciones de las garantías judiciales y de la protección durante audiencias y juicios en las cortes, y enfatizaron la obligación de respetar el derecho a recursos y reparaciones de la víctima.

Asimismo, indicaron que la escasez de recursos para las cortes de Gonaives es un obstáculo significativo para funcionar de manera adecuada. Reiteraron que la inexistencia de una prisión adecuada en Gonaives continúa siendo una preocupación fundamental relativa a los derechos de las personas privadas de libertad en Gonaives y las consecuentes amenazas a la seguridad de la población. Finalmente, los peticionarios solicitaron a la Comisión que se mantenga vigilante y continúe su posición vigilante en la observación de la situación de derechos humanos en Haití y en realizar esfuerzos específicos para monitorear los procesos judiciales a personas detenidas e imputadas de crímenes.

Por su parte, el representante del Estado admitió debilidad de la fuerza policial, pero indicó que la policía de Gonaives adoptó recientemente medidas de seguridad pública para reducir los niveles de crimen violento, y que en virtud de estos esfuerzos varios sospechosos de crímenes fueron arrestados recientemente en Gonaives. Asimismo, el Estado destacó el fortalecimiento y la reforma del sistema judicial como una prioridad clave para el gobierno, y señaló que una comisión establecida recientemente por el Ministerio de Justicia tendrá esa misión. Finalmente, el Estado enfatizó la importancia del rol de la comunidad internacional en apoyar al Estado para alcanzar sus objetivos nacionales.

Respecto de *Guatemala*, la CIDH recibió información relacionada con las políticas públicas en materia de derechos humanos en una audiencia solicitada por el Estado a la que concurrió el Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y el Procurador General de la República. Los representantes del Estado informaron que se está elaborando el "Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos", para ser implementado durante los próximos diez años y anunciaron que planifican entregarlo a la CIDH en los próximos meses.

Además, entregaron una propuesta de política pública para la prevención y la protección de defensores de derechos humanos, sujetos procesales (por ejemplo testigos, peritos, consultores, querellantes, entre otros), periodistas y comunicadores sociales. Solicitaron expresamente a la CIDH, a través de su Unidad para defensores y defensoras de derechos humanos, que lo revise y le aporte sus sugerencias o comentarios. Según los representantes del Estado, con la implementación de esta política se buscará superar la grave escalada de violencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que se registra en Guatemala.

Asimismo, el Estado informó que se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso de la República de Guatemala el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los representantes estatales se refirieron a los obstáculos que se han interpuesto para que se pueda llevar adelante una votación sobre este asunto, pese a que la mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso habrían manifestado públicamente su apoyo al establecimiento de la CICIG.

*B. Otras audiencias generales y temáticas*

*Situación de la libertad de prensa en México*

En la audiencia sobre la situación de la libertad de prensa en México, las organizaciones Artículo XIX, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Fundación Manuel Buendía, Reporteros Sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (AMARC), el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación y el Colectivo por la Transparencia plantearon su preocupación por los asesinatos, el aumento de las agresiones y las amenazas contra los periodistas, y el incremento en los ataques contra los medios.

También expresaron su inquietud por acciones judiciales contra comunicadores y plantearon la necesidad de que haya criterios transparentes para la concesión de licencias de radio y televisión y en la distribución de publicidad oficial. Pidieron una visita *in loco* a México de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la efectiva sanción para quienes cometieron crímenes contra los comunicadores, y la extensión a nivel local de la despenalización de los delitos de difamación, calumnia e injurias, entre otros puntos.

Los representantes del Gobierno mexicano indicaron que existen grandes retos en materia de libertad de expresión. Señalaron que el riesgo para la labor periodística se relaciona con la inseguridad pública y el crimen organizado, y sostuvieron que el Estado no elude investigar estos hechos. Indicaron como un avance la creación de la Fiscalía Especial para Delitos Contra Periodistas.

Destacaron como elemento positivo la eliminación a nivel federal de los delitos de calumnia, difamación e injurias, y enfatizaron el efecto de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México que declaró inconstitucionales los artículos de la Ley de Radio y Televisión que otorgaban concesiones por plazos de 20 años con renovación automática sin licitación previa. El Estado informó que se creó una comisión legislativa para reformar esta norma y los peticionarios pidieron participación en ese proceso de discusión.

El Presidente de la CIDH y Relator para México, Comisionado Florentín Meléndez, reconoció los esfuerzos del Estado mexicano para mejorar las leyes sobre la materia. El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio Álvarez, informó que la Relatoría Especial hará una visita de trabajo a México en los próximos meses y ofreció la asesoría técnica de la institución a la comisión legislativa que trabaja en la reforma de la Ley de Radio y Televisión.

* *

*Situación de homicidios de mujeres en Chihuahua, México*

La CIDH celebró una audiencia temática sobre la situación de mujeres en Ciudad de Chihuahua. Los solicitantes manifestaron que diversas organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado sobre la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres en Ciudad de Chihuahua. Los peticionarios alegan la existencia de un patrón de impunidad, debido a que a la fecha no se ha identificado ni sancionado a los responsables de las desapariciones y asesinatos de mujeres.

Los solicitantes manifiestan que el Estado no ha atendido la situación en Ciudad de Chihuahua de manera diligente debido a que muchas políticas instauradas para hacer frente a la violencia se circunscribieron a Ciudad Juárez, ignorando la situación en Ciudad de Chihuahua y permitiendo con ello que la violencia e impunidad frente a estos crímenes se perpetúen. Los peticionarios agregaron que existen serias deficiencias en la investigación de las desapariciones y homicidios, entre ellas la falta de investigación sobre los posibles patrones en estos crímenes y la falta de capacitación de algunos funcionarios. Al finalizar la audiencia, solicitaron que la CIDH realice una visita a la ciudad de Chihuahua, y los Comisionados informaron que se está planificando una visita para comienzos del próximo año que incluirá a la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres.

*Esclarecimiento de las desapariciones forzadas en Bolivia*

Tanto representantes del Estado de Bolivia como de la sociedad civil (la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Bolivia, ASOFAMD, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL) presentaron información sobre los avances y desafíos en el esclarecimiento y reparación de las desapariciones forzadas ocurridas durante las dictaduras militares en Bolivia entre 1964 y 1982. La sociedad civil hizo énfasis en que las medidas adoptadas por el Estado son aisladas y no contribuyen a obtener integralmente verdad, justicia y reparación.

Específicamente señalaron las deficiencias presupuestarias para el adecuado funcionamiento de las entidades respectivas, la falta de avance en las investigaciones, la ausencia de trabajo coordinado con los familiares de las víctimas y la sociedad civil, y la baja jerarquía de las autoridades estatales que se encuentran trabajando sobre la materia. Por su parte, el Estado boliviano informó sobre iniciativas a llevarse a cabo en septiembre del presente año en cuanto a la exhumación y examen médico forense de algunos cuerpos a fin de avanzar en la identificación y devolución de los restos mortales.

El Estado indicó que con la reciente designación de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia se espera tener mayor coordinación con el Poder Judicial en lo relativo a la conducción de las investigaciones. Señaló
además que a través de la Ley 2640 se establecieron las pautas para lograr el resarcimiento a las víctimas de la violencia política y que dicha norma prevé que el 80% de los fondos para ello deberán provenir de la cooperación internacional.

*Situación de los derechos de los trabajadores de la maquila en América
Central*

La Concertación por un Empleo Digno en la Maquila (CEDM), el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), el Centro de los Derechos de Mujeres (CDM), el Equipo de Reflexión, Investigación de la Compañía de Jesús (ERIC), de Honduras, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron una audiencia sin presencia de los Estados para presentar un informe regional en el que se denuncian violaciones de los derechos humanos de las mujeres que laboran como costureras en las fábricas de ropa con capital extranjero, conocidas como maquilas.

Las organizaciones alegaron que los gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua cometen violaciones de derechos humanos por no vigilar adecuadamente para asegurarse que los empleadores y propietarios de las maquilas respeten los estándares nacionales de contratación y condiciones de empleo, los derechos de asociación, de acceso a la justicia, a la salud y a la educación, a la no discriminación por razón de género ni edad. Muchas trabajadoras fueron descritas como únicas proveedoras de ingresos para sus familias, situación que las hace especialmente vulnerables.

Al finalizar la audiencia, solicitaron a la CIDH que la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer asuma el estudio y seguimiento de este tema, que se exhorte a los gobiernos de Nicaragua y Honduras a ratificar el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", y que haga visitas a la región en el futuro
cercano para constatar la situación expuesta.

*Situación de mujeres afrobrasileñas*

La CIDH celebró una audiencia temática sobre la discriminación que padecen las mujeres negras en Brasil. Participaron representantes de la Articulación de las Mujeres Negras Brasileñas, GÉLEDES y Criola Organização de Mulheres, quienes solicitaron la audiencia, y representantes del Gobierno de Brasil. Los solicitantes manifestaron que las mujeres negras han sufrido históricamente de una doble discriminación: por ser mujeres y por su raza.

Asimismo, se refirieron al impacto que el racismo y el sexismo provoca en la sociedad brasileña, que afecta particularmente a las mujeres negras brasileñas en un contexto de extrema violencia y vulnerabilidad. Los solicitantes indicaron que las mujeres negras brasileñas, 43 millones de personas, son afectadas por elevados niveles de analfabetismo, desempleo, trabajo doméstico, pobreza, indigencia, y expresaron serias dificultades en el acceso a atención a la salud. En este último punto enfatizaron elincremento en el número de mujeres afrobrasileñas con VIH/SIDA.

Así, se describieron diversas situaciones de discriminación que padecen las mujeres afrobrasileñas en los sectores de educación, salud, trabajo y participación política, entre otras. Asimismo, los solicitantes pusieron de relieve que las políticas públicas existentes no abordan efectivamente las necesidades particulares de este grupo de mujeres. El Embajador de la Misión Permanente de Brasil ante la OEA indicó la importancia que el Gobierno atribuye al diálogo con las organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de las mujeres negras brasileñas.

Asimismo, expresó que el actual Gobierno reconoce estas dificultades, y en consecuencia ha adoptado medidas para corregir los prejuicios raciales que afectan muy particularmente a las mujeres afrobrasileñas. En ese sentido, destacó la creación de la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, y la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres que comparten, en la esfera federal, la responsabilidad de elaborar políticas destinadas para las mujeres, que incluye a las mujeres negras, y el acompañamiento de la implementación de dichas políticas.

*Concesiones de acceso y uso de frecuencias radioeléctricas en las Américas*

Las organizaciones Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Artículo XIX subrayaron la importancia de mejorar las leyes y las prácticas sobre concesiones de acceso y uso de frecuencias radioeléctricas en la región a fin de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Los peticionarios plantearon la necesidad de que exista un órgano independiente del gobierno que administre estas concesiones, así como la existencia de un proceso transparente para las adjudicaciones.

Afirmaron que la región se enfrenta a un sistema de concesión de frecuencias radioeléctricas que silencia a grandes sectores de la población a través de marcos legales que limitan el acceso a las frecuencias, como el de otorgar las concesiones al mejor postor a través de subastas que sólo toman en cuenta el criterio económico para la adjudicación. Indicaron que algunos marcos legales que habilitan a otorgar licencias a radios comunitarias imponen límites a la potencia, el contenido o la cantidad de radios que puede haber, al tiempo que citaron ejemplos de países donde existe legislación que permite conceder licencias de este tipo pero en la práctica no se ha concedido ninguna.

Los solicitantes de la audiencia expresaron además su opinión de que es crucial que la CIDH participe en el debate, considerando que la región atraviesa un momento histórico de transición de tecnología analógica a digital y que los gobiernos están comenzando a legislar en la materia. En este sentido, solicitaron a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que destaque este tema en su informe anual, que haga un estudio de legislación comparada sobre el tema y que elabore una guía de estándares.

*Situación de la libertad de expresión en Venezuela*

La Comisión recibió información sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela en una audiencia solicitada por el Estado. El representante del Estado afirmó que Venezuela es el país donde existiría la mayor libertad de expresión en el mundo. Indicó que existen en el país unos 90 periódicos, unos 70 canales de televisión, en su mayoría privados, y unas 700 emisoras de radio privadas, y que la enorme mayoría de todos estos medios tienen una línea editorial de oposición, a pesar de lo cual el Gobierno no habría confiscado ediciones, ni cerrado periódicos ni cerrado medios audiovisuales.

Puntualizó que Radio Caracas Televisión (RCTV) no fue cerrado, sino que se trató de una no renovación de la concesión del uso de la frecuencia del canal después que ésta caducó. El representante del Estado también dedicó parte de su presentación a argumentar que los medios privados de comunicación de Venezuela han vulnerado el ordenamiento constitucional y legal del país. Dijo que los medios privados habrían llamado a la guerra civil, habrían instigado a la discriminación étnica y racial, habrían practicado la censura, la falsificación de noticias y la propaganda de guerra.

También cuestionó el rol de los medios de comunicación privados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, indicando que los medios audiovisuales interfirieron la señal del canal del Estado, que divulgaron noticias falsas sobre una presunta renuncia del presidente constitucional y que llamaron a la destrucción del sistema democrático. El representante del Estado afirmó que las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela provienen de los medios privados de comunicación.

*Situación de los sindicalistas privados de libertad en Cuba*

En la audiencia sobre la situación de los sindicalistas privados de libertad en Cuba, solicitada por la Comisión Latinoamericana por los Derechos y las Libertades de los Trabajadores y los Pueblos (CLADHELT), se expuso respecto de las graves limitaciones que pesan sobre el ejercicio de la libertad sindical en Cuba y sobre el juzgamiento arbitrario de los sindicalistas independientes, quienes han sido condenados por expresar su opinión contra el Gobierno a penas que oscilan entre 20 y 25 años de privación de libertad.

Asimismo, se presentaron las graves condiciones carcelarias en las que se encuentran siete de los nueve sindicalistas condenados en 2003 por su participación en organizaciones del movimiento independiente de trabajadores cubanos, condiciones que en algunos casos atentan contra su integridad personal. Al respecto, se enfatizó sobre la seria y grave situación de salud de los sindicalistas privados de libertad, sin que el Estado les brinde la atención médica que requieren y, en especial, se informó sobre la delicada condición de salud de Pedro Pablo Álvarez. Igualmente, se expuso sobre las restricciones a los derechos laborales que se aplican a las personas con licencias extrapenales (libertad provisional).

Finalmente, se valoró que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular haya abogado por establecer un sistema jurídico penal más coherente, acorde a las tendencias que reclama el desarrollo político-social del país.

*Situación de las personas presas en Cuba*

La CIDH recibió información sobre la situación general de las cárceles en Cuba en una audiencia solicitada por el Directorio Democrático Cubano. Los solicitantes describieron las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en Cuba y advirtieron sobre los obstáculos que enfrentan los familiares de los presos para visitarlos, entre los que se encuentran la distancia entre el lugar de reclusión y el domicilio de la familia y la imposibilidad de contar con medios suficientes para cubrir los costos del viaje.

Además, se hizo especial referencia al porcentaje desproporcionado de población carcelaria afrocubana, lo cual podría constituir un reflejo de políticas y acciones discriminatorias provenientes de las autoridades gubernamentales. Durante la audiencia rindió testimonio la hija del preso de conciencia Francisco Pastor Chaviano, quien desde 1994 se encuentra privado de libertad y actualmente su situación de salud es grave, sin que el Estado le brinde la atención médica especializada que requiere.

*Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010, Perú*

En una audiencia sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Asesoría Laboral de Perú (CEDAL), que solicitó la audiencia, y los representantes del Estado peruano presentaron información con respecto a su implementación. La Comisión ha seguido estrechamente el Plan Nacional desde su aprobación el 11 de diciembre de 2005 y ha firmado un convenio de cooperación técnica con el Gobierno de Perú. Los peticionarios indicaron que hasta el momento se habrían realizado muy pocas acciones por parte del Estado peruano para la implementación del Plan Nacional.

Concretamente, señalaron que el Estado no habría adoptado medidas para su difusión. Asimismo, indicaron que no se habría procedido en la capacitación de funcionarios estatales en lo relativo al enfoque de derechos humanos para la formulación de políticas públicas y que no se habrían adoptado las medidas presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional. Por otra parte, los peticionarios manifestaron su beneplácito por el reconocimiento que efectuara el Estado con respecto al Plan Nacional y en ese sentido, insistieron en la necesidad de alcanzar una fórmula de cooperación que permita su implementación de una manera más técnica, sistemática y orgánica.

Por su parte, los representantes del Estado reiteraron su expreso reconocimiento de que el Plan Nacional constituye un instrumento útil y válido. Manifestaron al respecto, que estarían adoptando una serie de acciones que citaron como prueba fehaciente de su implementación por parte del Estado. Añadieron que habría una situación de falta de comunicación adecuada con los peticionarios, dado que se estarían realizando una serie de reuniones de consultas a la cuales los habrían invitado a participar recibiendo una respuesta negativa al respecto.

Finalmente, indicaron que las medidas adoptadas hasta el momento para la implementación del Plan Nacional pretenden lograr la inclusión y la participación de los gobiernos regionales y municipales, como así también de organizaciones y personas que no habrían participado en su elaboración.

*Violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado
interno en Perú (1980-2000)*

La CIDH celebró una audiencia temática sobre la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado interno en Perú (1980-2000), solicitada por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Red para el Desarrollo Integral del Niño y la Familia (REDINFA). También participaron representantes del Estado peruano. Los solicitantes informaron sobre los principales obstáculos que actualmente atraviesan las mujeres que han vivido la violencia sexual en la época del conflicto armado interno en el Perú, especialmente en relación a las investigaciones y judicialización de los casos.

En este último punto señalaron una de las barreras que vienen enfrentando es que el Ministerio Público viene tratando estos casos como delitos comunes, sin considerar el contexto de los mismos, en el sentido de que la violación sexual de mujeres durante el conflicto armado interno constituyó una estrategia de guerra. También informaron sobre la falta de voluntad estatal en la formulación de denuncias penales y sobre la abstención del Ministerio de Defensa para brindar la información necesaria para la identificación de los presuntos responsables.

Finalmente, los solicitantes expresaron su preocupación con respecto a las políticas de reparación en relación a los supuestos comprendidos en la definición de violencia sexual para la identificación de las víctimas. El Estado, por su parte, indicó que la investigación y juzgamiento de los presuntos responsables de casos de violación sexual forma parte esencial de las políticas de judicialización, por lo que requirió a los solicitantes que remitan información concreta sobre los casos en los que alegan que las investigaciones no vienen progresando. Asimismo manifestó ante la CIDH que la violación sexual constituye un acto de tortura, y que las mujeres indígenas, constituyeron un grupo de mayor riesgo frente a las violaciones cometidas durante el conflicto armado.

*Obstáculos para la implementación de medidas cautelares en Honduras*

El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) aseveraron que existen serios problemas en el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en Honduras.

Destacaron que no existen mecanismos eficaces para proteger la vida e integridad de sus beneficiarios, que las autoridades no investigan suficientemente las causas que llevaron a solicitar dichas medidas, y que los beneficiarios suelen recibir nuevas amenazas que los obligan a desplazarse internamente o a salir del país. Las organizaciones solicitaron al gobierno de Honduras asignar todos los recursos necesarios para conseguir la implementación de las medidas cautelares, crear un ente que se especialice en el tema y que trabaje en cooperación con los beneficiarios, designar a un fiscal especializado en la materia, que se produzcan informes de avances sobre cada medida vigente, que se hagan públicas las medidas otorgadas por la CIDH y que se les expida a los beneficiarios un carné que los identifique ante las autoridades de seguridad en Honduras, entre otras medidas.

También solicitaron a la CIDH hacer más efectivo su rol en el seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares. Por su parte, el Estado hondureño aseguró que cumple con las medidas cautelares, que ha habido múltiples reuniones con los beneficiarios y las organizaciones que los representan, que se asignó personal de seguridad para la protección de los beneficiarios, y que las investigaciones han identificado a responsables de algunas amenazas. Expresó que los resultados de las medidas cautelares otorgadas a favor de varias comunidades indígenas en Honduras han sido positivos.

*Independencia judicial en Honduras*

La Asociación de Jueces por la Democracia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron ante la CIDH sus preocupaciones en cuanto a lo que calificaron como un debilitamiento de la independencia judicial en Honduras y al consecuente deterioro del Estado de Derecho.

Plantearon que influencias de carácter político-partidarias estarían resultando en la manipulación de las actuaciones de los funcionarios del Poder Judicial, lo cual generaría una pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Las organizaciones propusieron una serie de líneas de acción concretas con miras a generar mejores condiciones para el funcionamiento independiente del Poder Judicial en Honduras y solicitaron a la CIDH que elabore un informe regional sobre la independencia judicial a fin de recoger las principales preocupaciones sobre la materia y establecer pautas y recomendaciones para que los Estados erradiquen prácticas y normas que socaven este principio judicial.

Los representantes del Estado, entre quienes se encontraban cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dijeron que este tema es una preocupación común y presentaron información sobre las acciones que ya se han emprendido
para atender estos problemas.

*Amenazas institucionales a la independencia judicial en El Salvador*

El Foro de Jueces Democráticos e Independientes, la Asociación de Jueces por la Democratización de la Justicia en El Salvador, el *Center for Civil and Human Rights* de la Universidad de Notre Dame, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centramericana José Simeón Cañas (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), todos peticionarios en la audiencia, hicieron una exposición sobre diversas amenazas que estarían sufriendo algunos miembros del Poder Judicial en El Salvador, en relación con su decisión de no aplicar determinadas normas sobre seguridad que serían consideradas inconstitucionales por éstos.

Expusieron que estas amenazas descritas estarían afectando la independencia del Poder Judicial en El Salvador y solicitaron a la CIDH un informe regional sobre la independencia judicial. Asimismo, solicitaron que ésta realice una visita al país, dando especial énfasis al tema y solicitaron a la CIDH que haga un llamado al Estado de El Salvador a respetar el debido
proceso.

*C. Audiencias sobre casos y peticiones*

En este período de sesiones hubo audiencias sobre los siguientes casos y las
siguientes peticiones:

• Petición 1121-04 – Rogelio Jiménez López y otros contra México. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Estado presentaron argumentos sobre la admisibilidad de la petición, por la desaparición de Minerva Guadalupe Pérez Torres, Nicolás Mayo Gutiérrez Peñate y Mateo Arco Guzmán y la ejecución de Rogelio Jiménez López, Domingo Vásuqez Avedaño, Sebastián Pérez López y Héctor Pérez Torres entre 1995 y 1997.

• Petición 828-01 – Oscar Gorigoitia y otros contra Argentina. Se presentaron argumentos sobre la admisibilidad de la petición, que consiste en la acumulación de varias denuncias sobre la compatibilidad del recurso de casación en Argentina con el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Casos 12.561 y 12.562 – Wayne Smith y Hugo Armendáriz contra Estados Unidos. El "Center for Global Justice" (Centro por la Justicia Global), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el estudio de abogados Gibbs Houston Pauw presentaron argumentos de fondo en este caso sobre deportación de extranjeros que causó separación de familias.

• Caso 12.582 – Mohamad Capote, Andrés Trujillo y otros contra Venezuela. A solicitud del Estado de Venezuela se celebró una audiencia pública sobre el caso, a la cual asistieron representantes del Estado y representantes de las presuntas víctimas. El objeto del caso es tanto la ocurrencia como la supuesta falta de investigación diligente de la muerte de siete personas (Jesús Mohamad Capote, Jhonny Palencia, Jesús Orlando Arellano, Juan David Querales, José Antonio Gamillo, Orlando Rojas y Víctor Reinoso) y las heridas causadas a otras cinco (Andrés Trujillo, Jean Carlos Serrano, Fernando Joel Sánchez, Elías Belmonte Torres y José Antonio Dávila Uzcátegui) en el marco de las marchas y manifestaciones que se llevaron a cabo el 11 de abril de 2002 y que precedieron el golpe de Estado ocurrido en la misma fecha. Durante la audiencia, la Comisión escuchó las posiciones de las partes, dio cierre al trámite de solución amistosa y dispuso continuar con la etapa de fondo del caso.

• Caso 12.518 – José Rubén Rivera contra El Salvador. Las organizaciones Pro Búsqueda y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Estado presentaron argumentos de fondo en este caso sobre la desaparición en 1983 de José Rubén Rivera, entonces de tres años de edad, durante un operativo militar en el Departamento de San Vicente.

*D.* *Audiencias sobre medidas cautelares*

*Medidas cautelares para las personas detenidas en Guantánamo*

En la audiencia convocada a fin de dar seguimiento a la situación de los detenidos en Guantánamo, conforme a las medidas cautelares dictadas por la Comisión en 2002, los peticionarios (Center for Constitutional Rights y CEJIL) señalaron que las condiciones de detención continúan involucrando situaciones de prolongado confinamiento, aislamiento sensorial, alimentación forzada, intimidación, acoso religioso y otros malos tratos.

Asimismo, alegaron que las normas de la "Ley de Comisiones Militares", adoptada en el año 2006, impedirían el debido ejercicio del recurso de habeas corpus ante los tribunales federales por parte de personas que no ostenten la ciudadanía estadounidense y que hayan sido catalogados como "combatientes enemigos ilegales", a la vez que reestablecen comisiones militares para el juzgamiento de estas personas, similares a las comisiones militares originalmente decretadas por el Ejecutivo y dejadas sin efecto por la decisión adoptada por la Corte Suprema el 29 de junio de 2006 en el caso Hamdan c. Rumsfeld.

Asimismo alegaron que la nueva "Ley de Comisiones Militares" establecería inmunidad retroactiva para funcionarios estatales que hubieren practicado tácticas abusivas de interrogación. Los representantes del Estado que comparecieron a la audiencia limitaron su intervención a la reiteración del apoyo general de los Estados Unidos a la labor de la CIDH así como los cuestionamientos –ya expresados en el pasado— sobre la presunta falta de competencia de la CIDH para dictar medidas cautelares en situación de peligro inminente de daño irreparable para las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

A pesar de las informaciones y argumentos provistos por los peticionarios y los interrogantes planteados por la CIDH sobre la situación de los detenidos en general, los detenidos que permanecen bajo custodia a pesar de haberse autorizado su liberación, y aquellos detenidos que se habrían suicidado estando bajo la custodia del Estado, el Estado se abstuvo de proporcionar información sustantiva sobre la materia durante la audiencia.

*IV. REUNIONES DE TRABAJO*

En el marco del 128º período ordinario de sesiones se llevaron a cabo 15 reuniones de trabajo sobre peticiones, casos y medidas cautelares de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. En varias de las reuniones se avanzó en la fase de solución amistosa. La Comisión valora la voluntad demostrada por las partes en varios de los casos para continuar progresando hacia un acuerdo de solución amistosa y alienta a continuar los esfuerzos para acercar posiciones y alcanzar el consenso.

Cabe destacar que el 19 de julio de 2007 la Comisión mantuvo reunión de trabajo con el Estado de Bolivia y CEJIL sobre el caso M/Z, relacionado con la supuesta falta de diligencia en las investigaciones y consecuente impunidad sobre una denuncia de violencia sexual. La Comisión manifiesta su satisfacción y dará seguimiento al acercamiento inicial entre las partes y, muy especialmente, resalta la manifestación por parte del Estado de Bolivia de su intención de llegar a un acuerdo de solución amistosa, de adoptar medidas para satisfacer la mayoría de los puntos planteados por los peticionarios en su propuesta, y de continuar la negociación sobre otros aspectos.

*V. RELATORÍAS Y ÁREAS TEMÁTICAS*

Esta sección contiene un breve resumen de algunas de las principales actividades desarrolladas por la CIDH desde las sesiones ordinarias de marzo, a través de sus Relatorías especiales y áreas temáticas.

*A. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial *

Entre el 14 y el 18 de mayo de 2007, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH realizó su primera visita a Colombia, con una delegación encabezada por el Relator, Comisionado Clare K. Roberts. El objetivo de la visita fue elaborar un primer diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los afrocolombianos.

Entre los temas que analizó en sus reuniones con autoridades del Gobierno y representantes afrocolombianos se incluyó la aplicación de la Ley 70 sobre reconocimiento de los derechos a la propiedad colectiva sobre territorios y a la identidad étnica y cultural de las comunidades negras, la titulación y protección de tierras comunales, la situación de comunidades y personas afrocolombianas desplazadas, y en qué medida el conflicto armado repercute sobre la población afrocolombiana.

En la visita también se buscó evaluar el impacto del proceso de desmovilización y aplicación de la Ley de Justicia y Paz sobre las comunidades afrodescendientes. Asimismo, la Relatoría continúa asesorando al Grupo de Trabajo de la OEA encargado de preparar una Convención Interamericana contra el Racismo y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

*B. Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres*

Desde el pasado período de sesiones, la Relatoría sobre derechos de las mujeres ha organizado y participado en actividades para promover el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en los informes temáticos "Acceso a la Justicia: La Situación de las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas", publicado este año, y "Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia", publicado el año pasado. Entre el 14 y el 16 de abril de este año, el Relator y Comisionado Víctor Abramovich participó en actividades planificadas por las organizaciones Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) y Asociación pro Derechos Humanos (APRODEH) a fin de presentar el informe sobre acceso a la justicia en Lima, Perú.

Asimismo, entre el 12 y el 15 de junio participó en el evento internacional "Desafíos y Respuestas Hacia la Violencia contra las Mujeres: El Rol del Estado y la Sociedad Civil", organizado por CEPIA (Ciudadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação) y Fundación Ford en Rio de Janeiro, Brasil. El 30 de marzo de 2007, la Relatoría y la Asociación Internacional de Mujeres Juezas organizaron una reunión técnica con magistradas de América Central en Washington, D.C., para discutir las implicaciones que las conclusiones del informe sobre acceso a la justicia puedan tener en el trabajo de los jueces, así como para identificar estrategias a desarrollar en la búsqueda del debido cumplimiento de las recomendaciones.

El 12 de abril de este año, la Relatoría de las Mujeres presentó el informe "Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia" en Bogotá. Durante la visita a Colombia, el Relator Abramovich sostuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y congresistas de un amplio espectro del sector político colombiano, para discutir las conclusiones y recomendaciones del informe. Igualmente, se organizó un panel de discusión y reflexión sobre las recomendaciones del informe que contó con la participación de representantes del gobierno, la administración de la justicia y la sociedad civil.

Actualmente la Relatoría de las Mujeres también se encuentra trabajando en dos informes temáticos como resultado de su participación en visitas *in loco* a Guatemala (2004 y 2006) y Haití (2006 y 2007), sobre la situación de discriminación y violencia contra las mujeres en dichos países y los obstáculos que las víctimas y sus familiares confrontan para acceder a una tutela judicial efectiva cuando denuncian estos actos. La Relatoría ha continuado ofreciendo apoyo técnico a abogados de la Secretaría Ejecutiva en el procesamiento de peticiones y medidas cautelares.