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Ventana

Jorge Alcocer V.

Reforma

12 de junio de 2007

http://www.reforma.com/editoriales/nacional/778684/

Con sus decisiones sobre las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace necesario que el Congreso entre a corregir los puntos que aquélla declaró inconstitucionales, lo que abre una ventana de oportunidad para, con la acción conjunta entre legisladores federales y Poder Ejecutivo, definir un nuevo marco jurídico que atienda aspectos cruciales para el futuro en México de la industria con la velocidad de cambio tecnológico más acelerada, mayor impacto en la vida cotidiana y más amplia influencia en la formación social de patrones culturales y éticos. TV y radio están presentes en prácticamente la totalidad de los hogares mexicanos y a ellas se asocian, en forma indisoluble, las nuevas posibilidades de comunicación global instantánea, como el internet, o la ampliación y abaratamiento de otras, como la telefonía.

El Congreso debe corregir las normas que la Corte reprobó, pero no tiene por qué detenerse ahí. Otros aspectos pueden ser modificados, pues las decisiones del máximo tribunal no limitan el poder de los legisladores para reformar o hacer nuevas leyes. El presidente Felipe Calderón queda en libertad para iniciar esos cambios, enviando al Congreso sus propuestas, y también, llegado el caso, para detener lo que el Legislativo llegue a aprobar, usando el derecho de observación a las leyes que la Constitución le confiere. El proceso legislativo vuelve a empezar.

Aprovechar la oportunidad abierta por la Corte requiere tanto de un adecuado método para elaborar y analizar las iniciativas y propuestas, como de que éstas configuren un proyecto integral y coherente para dar soporte y certidumbre al desarrollo de las nuevas opciones de telecomunicación, incluyendo TV y radio, con una perspectiva de largo plazo, como lo requiere una industria con alta complejidad tecnológica y plazos largos de maduración para las inversiones.

En lo que hace al método, la primera condición es cerrar la puerta al tráfico de ocultas influencias, ilegítimas presiones y cabildeos apenas disimulados que marcaron en 2006 el debate en esta materia. Los permisionarios, concesionarios y empresas, públicas y privadas, tienen pleno derecho a presentar sus puntos de vista y propuestas, ojalá lo hagan de cara a la sociedad. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y sus similares en los ramos de televisión de paga y telecomunicaciones, pueden jugar un papel central, a condición de que expresen auténticas posiciones de todos sus agremiados y no sólo de las grandes empresas que hasta hoy dominan en sus decisiones y pronunciamientos públicos.

Los medios de comunicación son un poder privado que se sobrepone, y en no pocos casos se impone, a los poderes públicos. Restablecer las fronteras entre el interés social y el legítimo beneficio privado, entre las funciones de Estado y los derechos de los particulares, es el reto a superar en la nueva reforma a las leyes de medios. A mi entender, la Corte trazó línea en, al menos, tres puntos: la propiedad inalienable de la nación sobre el espacio aéreo; la rectoría económica del Estado, asociada a la protección del interés social; y los efectos nocivos que la monopolización en esas industrias produce sobre los consumidores.

Los dos primeros puntos deben entenderse como la defensa de un recurso natural propiedad de la nación, que nadie, empezando por el gobierno, tiene derecho a regalar o a permitir su utilización en beneficio exclusivo de unos cuantos. La nación, representada por el Estado, tiene el derecho y la obligación de regular el uso del espacio aéreo para hacer compatibles el interés social y el beneficio privado, sin permitir o propiciar que el segundo impere sobre el primero. En esa función de interés colectivo se explica la rectoría económica del Estado, que no es herencia del marxismo ni del sistema soviético -ese petate del muerto no espanta ni a los niños- sino histórica reivindicación del bien común sobre el egoísmo privado.

El tercer punto se inscribe en uno de los grandes temas actuales: no hay competitividad donde no hay competencia. Romper los monopolios en televisión, radio y telecomunicaciones, incluyendo la telefonía, es tarea inaplazable. Los consumidores tenemos derecho a optar, y para hacerlo debemos tener al alcance otras opciones.

Entre la necesaria adecuación de las leyes de medios y la reforma electoral en curso existen algunos puntos de contacto, empezando por el acceso de los partidos a TV y radio durante los procesos electorales y la rigurosa fiscalización del gasto para ese objeto. Varias propuestas sobre el segundo asunto están sobre la mesa; es aconsejable que en sus análisis los legisladores consideren la relación entre medios electrónicos y campañas, las negativas experiencias recientes y las soluciones para evitar repetirlas en el futuro inmediato. La oportunidad está abierta.