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Carta de 4 Congresistas de EUA a Condoleezza Rice acerca de los Derechos Humanos en México


16 de marzo, 2007

Estimada Secretaria Condoleezza Rice:

Nos dirigimos a Usted para expresar nuestra preocupación por el empeoramiento de la situación de derechos humanos en México. Hay prueba claras que demuestran que la represión violenta por parte de la policía municipal, estatal, y federal de los movimientos civiles está agravando tensiones sociales. Dado la importancia de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y México, y los intereses que tienen en común en diversos asuntos, entre ellos la cooperación económica, la seguridad, y la migración, le pedimos actuar rápidamente para exhortar que se enfrene dicho empeoramiento y se asegure la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos.

Los acontecimientos que tuvieron lugar en 2004 y 2006 son particularmente preocupantes, igual como las acciones opresivas y la militarización de la policía civil de México bajo la nueva administración del Presidente Felipe Calderón.

En mayo del año 2004, durante la ceremonia de clausura de la Tercera Cumbre de Mandatarios de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Guadalajara, la policía detuvo a más de cien manifestantes que habían enfrentado a las fuerzas de seguridad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México documentó 73 casos de detenciones ilegales, 55 casos de trato cruel y degradante, 73 individuos detenidos de forma incomunicada, y 19 casos de tortura. El entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña rechazó las recomendaciones presentadas por la CNDH para investigar el abuso por parte de la policía, desprestigiando a todas las personas que habían participado en las manifestaciones. El señor Ramírez Acuña se encuentra actualmente en el cargo de Secretario de Gobernación en la administración del Presidente Calderón.

El 3 y 4 de mayo de 2006, como reacción a las manifestaciones por parte de organizaciones campesinas, las policías estatales y federales detuvieron a por lo menos 207 personas en los pueblos de Texcoco y San Salvador Atenco, en el estado de México. Según la CNDH, un niño de 14 años y un estudiante universitario murieron, 239 gente sufrieron de tratos crueles y degradantes, por lo menos 26 mujeres fueron violadas o víctimas de acaso sexual, y docenas de casas eran cacheadas de forma violenta y sin un orden de registro. Veinte y nueva personas siguen encarceladas como resultado de la operación policíaca mientras ningún policía ha sido procesado por las violaciones de derechos humanos que se cometió. Eduardo Medina Mora, el Secretario de la Seguridad Publica en la administración de Fox y actualmente el Procurador General de la República en la administración de Calderón, rechazó una serie de recomendaciones presentadas por la CNDH, y se negó a investigar el papel de la Policía Federal Preventiva (PFP) en las violaciones de derechos humanos.

En Oaxaca, el gobernador Ulises Ruiz ordenó a la policía municipal y estatal a desalojar a maestros que estaban en huelga del centro de la Ciudad de Oaxaca el 14 de junio, 2006, resultando en por lo menos 90 personas civiles heridas. Entre los meses de junio y diciembre de 2006, se cree que la policía estatal de Oaxaca, grupos para-policíacos, y la PFP, bajo el mandato de la administración de Fox, mataron a 20 manifestantes y que detuvieron a varias personas arbitrariamente, y que torturaron, maltrataron y abusaron sexualmente a docenas de las personas detenidas. La policía municipal, vestido de civiles, y otras autoridades estatales, también fueron implicados en el asesinato del reportero independiente estadounidense Brad Will el día 27 de octubre, 2006. La situación era tan preocupante que en los meses de agosto, octubre, y noviembre de 2006, el embajador de los Estados Unidos y su propio Departamento de Estado recomendó que los ciudadanos de los Estados Unidos evitaran a viajar a Oaxaca.

La situación degenerante en el ámbito de los derechos humanos tan solo del otro lado de nuestra frontera sur es de mucha preocupación para el Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto, los firmantes de la presente carta instamos al Departamento de Estado hacer lo siguiente:

  • Pedir al Presidente Felipe Calderón presentar la posición o plan de trabajo de su administración con relación a los derechos humanos, y pedir que la policía y el ejercito mexicano dejen de someter a la gente a la tortura;
  • Demandar que el Presidente Calderón investigue seriamente los casos de asesinato, maltrato, tortura, violación, y acoso sexual por parte de la policía y los grupos para-policíacos en Guadalajara, San Salvador Atenco, y Oaxaca, y que cumpla con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos internacionales como las que fueron presentadas por el Comité de la ONU Contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres con relación a los tres casos;
  • Pedir al Procurador General de la República Eduardo Medina que se asegure de que haya una investigación rápida e imparcial del asesinato de Brad Will y que se identifique y enjuicie los responsables de su muerte, y que se nombre un investigador independiente con el poder de investigar y enjuiciar a los policía acusados de tortura, acoso sexual, maltrato, y asesinatos; y
  • Solicitarle al gobierno federal de México a tomar las medidas necesarias para re establecer el estado de derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en Oaxaca y a garantizar la integridad física y el derecho al debido proceso (del juicio justo) de todos los individuos que todavía se encuentren detenidos.

Gracias por atención a este asunto tan serio. Estamos en espera de una respuesta de su parte antes del 1 de abril, 2007.

Cordialmente,

Jan Schakowsky
Miembro del Congreso

Jim McGovern
Miembro del Congreso

Hilda Solis
Miembro del Congreso

Raul Grijalva
Miembro del Congreso