Intervención Oral conjunta pronunciada por la CIJ y el Centro Prodh en representación del Comité 25 de Noviembre A.C. de Oaxaca

La Comisión Internacional de Juristas y el Centro Prodh trabajando conjuntamente con el Comité 25 de Noviembre de Oaxaca (México), recuerdan que la acción legítima de los defensores y defensoras de derechos humanos así como la protesta social siguen siendo criminalizados. En 2009 México fue el tercer país del mundo con más comunicaciones a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Durante la evaluación de México en febrero pasado, 9 de las recomendaciones (26, 27, 28, 38, 44, 45, 46, 47 y 48) hacen referencia a la necesidad de resolver de fondo las problemáticas de tortura, detenciones arbitrarias y lucha contra la impunidad. Un ejemplo paradigmático sobre estas graves violaciones a los derechos humanos en el Estado de Oaxaca, México.

El reconocimiento de casos de tortura por agentes del Estado en diversas fechas de 2006, han sido ampliamente documentados por instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. A la fecha se mantiene en Oaxaca un patrón de criminalización de la protesta social y de la disidencia política que se traduce en detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza pública, asesinatos de opositores políticos, intimidación contra organismos civiles, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y periodistas independientes, que coartan libertades fundamentales.

Las detenciones arbitrarias siguen siendo una constante en las movilizaciones sociales. En los casos de procesos penales contra personas detenidas en relación al conflicto del 2006, observamos una sistemática denegación de la justicia y debido proceso. El uso faccioso del sistema de administración y procuración de justicia es una política constante de en perjuicio de opositores al actual gobernador de Oaxaca. Las instituciones que debieran defender a la ciudadanía y sus derechos humanos se usan en su contra, poniendo en entredicho su legitimidad y credibilidad.

La lucha contra la impunidad es otro gran pendiente en el Estado de Oaxaca. No ha habido castigo a los responsables de la represión en 2006 (detenciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales), ni de hechos anteriores y posteriores incluyendo desapariciones forzadas de personas. Las investigaciones emprendidas no presentan avances significativos. Varios procesos han sido archivados por falta de pruebas, las autoridades investigadoras se limitan a compilar las pruebas que aportan los afectados, y los activistas encarcelados han enfrentado procesos irregulares ante jueces de consigna.

Hacemos un llamado urgente ante este honorable Consejo y sus Estados miembros para construir un mecanismo de seguimiento a la implementación de las recomendaciones que ha asumido el Estado mexicano en su lucha contra la impunidad.

Ginebra, Suiza 11 de junio de 2009