Violación de los DESCA ¿incapacidad o política de Estado?

Subordinación de las políticas sociales a las económicas viola los derechos humanos

Mauricio Patrón Rivera / Cencos

México D.F., 29 de septiembre de 2008 (Cencos).- En lo que va del presente año, en México se han registrado continuos incrementos al precio de los alimentos y de los combustibles, como consecuencia de esto el nivel de vida de los y las mexicanas ha ido en detrimento y esto supone una omisión del Estado mexicano a su obligación de garantizar los derechos humanos de la población.

La inflación, que llegó en julio pasado a su nivel más alto desde hace 8 años y el precio promedio de los alimentos registra un incremento en los últimos 12 meses que prácticamente duplica al de otros bienes y servicios según cifras del propio Banco de México y la gasolina (magna, premium y diesel), que registró 19 aumentos desde el inicio del año y cuyo precio subirá todas las semanas durante el resto del año (para sumar 34 aumentos), según anunció el secretario de Hacienda, Agustín Carstens; así como la crisis mundial alimentaria provocada por especulaciones financieras, conforman algunas partes visibles de las violaciones a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la población.

La insatisfacción de los DESCA de la ciudadanía, consagrados en el Pacto Internacional de los DESC (PIDESC) que México firmó desde su creación en 1966 y ratificó hasta 1981, significa un incumplimiento del Estado en sus obligaciones.

Ante dicho panorama, el gobierno continúa aplicando políticas denominadas de “ajuste estructural” para mantener una buena imagen de México en materia macroeconómica, pero estas medidas fuera de solucionar el encarecimiento del nivel de vida de la población, lo agravan.

Las políticas de ajuste estructural aplicadas en el país desde mediados de la década de1980 y hasta la actualidad ponen en contradicción al gobierno ya que este se comprometió, en distintos instrumentos internacionales, a garantizar los derechos humanos de su población y al mismo tiempo a mantener los índices macroeconómicos nacionales. La actuación gubernamental ante esta incompatibilidad es olvidarse de garantizar los derechos de la sociedad mexicana.

Es decir, las actuales políticas en materia económica son violatorias de los derechos fundamentales de la población pero se continúan aplicando a cabalidad dando cuenta de que el encarecimiento de la economía familiar no es fruto solamente de la economía globalizada sino también de las decisiones de los funcionarios encargados de la política económica que sigue el Estado mexicano.

Al interior del gobierno se “está evidenciando una ortodoxia que esta rayando ya en lo obtuso por que mientras los propios organismos multilaterales [Banco mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera] están ya cuestionando la efectividad de las políticas de ajuste, el gobierno federal mexicano se mantiene dentro de ellas”, explica Pilar Berrios, coordinadora del Equipo de Política Social de Convergencia de Organizaciones Civiles por la Democracia (Convergencia). “En primer lugar la violación se evidencia en, por un lado, la desatención a las obligaciones que el Estado tiene de garantizar los derechos a la alimentación, a la libertad de tránsito… a los derechos humanos integrales, y en segundo lugar a los derechos específicos como la accesibilidad a la alimentación, a la energía y en ese sentido es una violación a su obligación de garantizarlos”.

Mientras los alimentos y los combustibles aumentan de precio, el salario mínimo se mantiene sólo con ajustes mínimos y sin la posibilidad de aumentar más de un dígito, esto provoca que la posibilidad de que la mayoría de las y los mexicanos tengan acceso a la Canasta Normativa de Satisfacciones Esenciales, indicador más representativo de la calidad de vida en México, se reduzca gravemente.

El aumento acelerado del precio de los hidrocarburos en el mercado nacional comenzó con la iniciativa que al respecto envió Felipe Calderón Hinojosa, jefe del Ejecutivo federal, al poder Legislativo en septiembre de 2007 como parte de las reformas estructurales que pretendían aumentar la recaudación del gobierno en una cantidad equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto.

Dicho aumento se programó para diluirlo en pequeñas alzas mensuales de enero de 2008 a junio de 2009 para disminuir el subsidio que el gobierno aplica a las gasolinas y que esto no afectara políticamente a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión de haberlo autorizado sin plazos. La decisión no fue valorada en términos de sus consecuencias sobre los derechos de los mexicanos y mexicanas.

En las recomendaciones que el Comité PIDESC, parte de la Organización de la Naciones Unidas, ha hecho al Estado mexicano destacan que siempre que negocie o implemente políticas económicas decididas por el gobierno mismo o en conjunto con organismos financieros internacionales, tome en cuenta como podrían repercutir o no en los DESCA de la población y no permita que estos derechos se degraden aún más para los millones de mexicanos violentados en sus condiciones mínimas de bienestar.

Cinco años después de que este organismo parte de la ONU entregara un diagnostico de la situación de los DESCA al gobierno de México, las políticas económicas continúan en el mismo rumbo y por tanto la posibilidad de que se alcance la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población se ve lejana.

Fuera de dar pasos para intentar garantizar un nivel de vida mínimo en nuestro país, esta decisión de retirar el subsidio a las gasolinas ha sido respaldada por actores del sector empresarial. Armando Pérez Arroyo-Loza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), declaró que "se tiene que eliminar el subsidio de gasolina porque estamos subsidiando a un sector que no lo necesita, sería mejor que ese dinero se destinara a los sectores más necesitados. No se justifica el subsidio a la gasolina cuando vemos población que está resintiendo fuertemente el aumento de precios de alimentos". (Reforma 3 de septiembre de 2008).

Contrario a dicha declaración, Pilar Berrios cree que “las posibilidades de cubrir una canasta básica de por si constreñida tienden a limitarse todavía más… sabemos que el alza de la gasolina no sólo afecta a quienes tienen un transporte, un auto sino que con el aumento a la gasolina se incrementan los precios de todos los productos… qué significa esto: que se disparan los precios, pero el tope salarial establecido desde principios de la década de 1980 se sigue manteniendo”.

“El Estado está adoptando medidas regresivas, ya ni siquiera está tratando de ampliar las acciones conducentes a la garantía de los derechos, sino que ha empezado a desmantelar lo ya en otro momento logrado, por ejemplo el subsidio a la tortilla. Ahora está el Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla (Fidelis), fondo para liquidar el subsidio a la tortilla que está provocando que el precio del maíz se dispare”.

A este tipo de decisiones se suma que en términos generales el precio de los alimentos ha subido más que la inflación general en América Latina, según la Organización para la Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas (FAO). En México uno de los primeros síntomas de la crisis política de los alimentos brotó con el maíz, cuya alza de precio en el mercado internacional, entre otras causas por su uso para producción de agrocombustibles, impactó en el aumento al precio de la tortilla que en su momento fue atribuido a la especulación.

Ante este tortillazo y más alzas de precios (azúcar, tomate, arroz y otros alimentos básicos), el gobierno mexicano, meses después y tras haber negado la existencia de esta crisis, propuso un pacto entre los distintos sectores productivos pero dichos acuerdos nunca fueron respetados. El gobierno mexicano mantuvo la línea política de no intervención ante los destrozos que el mercado dejó.

Por poner un ejemplo de las consecuencias de estas políticas económicas, el Diagnostico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, dado a conocer por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en 2003, destacaba que como consecuencia de la privatización de empresas del Estado mexicano “bajaron los ingresos medios de los trabajadores del sector público, aumentó la presencia de relaciones precarias de trabajo […] se fue generando una modificación fundamental en la conducta de las autoridades laborales de tutelar los intereses de los trabajadores en relaciones asimétricas, pasaron a jugar un papel de contención de la demandas y toleraron las violaciones de los derechos humanos laborales”.

Al desproteger a los sectores estratégicos para la seguridad alimentaria de la población mexicana, el papel gubernamental pasó no sólo a desmantelar las estructuras que garantizaban condiciones de bienestar mínimo, como sucedió con Diconsa, sino que además abrió las puertas para que este sector fuera absorbido por la inversión privada y la función social del Estado se replegó hasta su expresión mínima con el asistencialismo.

"La política social del Estado Mexicano, en términos muy coloquiales, esta haciendo de la Secretaria de Desarrollo Social un gran DIF y no porque yo este en contra de las acciones con carácter asistencial, que son muy necesarias, pero la pregunta es dónde está el carácter sustentable de las acciones gubernamentales”, dice la integrante de Convergencia.

“Resulta lamentable que la política social se esté basando en un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que tiene que ver con asistencialismo a grupos vulnerables y eso contradice lo que el mismo programa de desarrollo social establece porque la política social tendría que ir más allá de políticas asistenciales, lo dice textual el programa, sin embargo al momento de diseñar los programas se basan en los objetivos del PND que tiene que ver con asistencialismo y grupos vulnerables únicamente”. Así, dichos recursos de por sí reducidos en su presupuesto, dejan de estar dirigidos a desaparecer el problema de la pobreza.

“Para este año –por ejemplo– dentro del ramo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que contempla desarrollo social, el programa al que darán mucha difusión es la distribución de papillas entre la población con mayor marginación, con la finalidad de erradicar la pobreza alimentaría porque esa fue la promesa sexenal y lo único que van a hacer es engordar a los niños y niñas sin realmente crear condiciones para que tengan un desarrollo integral y sustentable, sostenible.

“Es una política totalmente razonada en términos de asumir el papel mínimo del Estado únicamente como policía, lo que vemos con la iniciativa de egresos para el siguiente año, en la que mientras se le incrementa 34% a seguridad se disminuyen los recursos al campo… ¿cómo se podrá revertir la crisis alimentaria si no se invierte en el campo? El gobierno federal mexicano esta tomando al pie de la letra los preceptos neoliberales en términos de que el gobierno solo es vigilante dejando que sea la dinámica del mercado la que prevalezca, y en un país donde dos terceras partes de la población viven en una situación de pobreza esto es completamente violatorio de los derechos fundamentales”.

Para febrero de 2009 México será examinado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco de este Examen Periódico Universal el gobierno federal, la OACNUDH y Organizaciones de la Sociedad Civil mexicana, tendrán oportunidad de plantearse y reflexionar el grado de incumplimiento y violación de derechos humanos.

Entre ellos el acceso mínimo a la salud, la educación, el disfrute de un medio ambiente sano, derecho al agua, derecho a vivienda adecuada, derechos laborales, sexuales y reproductivos, a tener seguridad social, y protección a la familia, garantizados en el PIDESC. Mientras las políticas sociales, que se debieran dirigir a garantizar el cumplimiento de estos derechos, sigan subordinadas a las directrices económicas que ejecuta el gobierno con prioridad, en febrero de 2009 sólo se actualizarán las cifras del aumento de la pobreza en México.

Centro Nacional de Comunicación Social AC