Difusión Cencos México D.F., 7 de agosto de 2008
Comunicado de prensa
Centro de Estudios en Seguridad Pública
Urge limpiar y hacer eficiente el aparato de seguridad y justicia, además de aplicar medidas para controlar el lavado de dinero
El Ejecutivo promueve establecer penas mayores como respuesta ante los recientes y lamentables casos de secuestro que han generado una nueva crisis en la seguridad pública. Así, las respuestas que se plantean en el gobierno y en algunos sectores de la opinión pública viran hacia exigir la aplicación de penas más severas como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que ese incremento de las penas no ha sido útil para contener el fenómeno delictivo.
En opinión del Centro de Estudios en Seguridad Pública, los datos que existen en la comunidad académica y entre los criminólogos demuestran que mantener la expansión o inflación penal no son la solución
Lo anterior se ejemplifica con lo ocurrido en 1996, cuando se modificó el Código Penal para aumentar las penas de prisión, con la intención de que las sanciones inhibieran los delitos lográndose la siguiente evolución:
--Delito --Limite anterior de la prisión --Nuevo limite de la prisión
Homicidio intencional-- 8 a 20 años -12 a 24 años
Homicidio calificado-- 20 a 50 años -30 a 60 años
Privación de la libertad-10 a 40 años -15 a 40 años
Duración máxima de la prisión--50 años -60 años
Es decir, ya el gobierno mexicano ha intentado, sin éxito, detener a la delincuencia con el aumento de las penas.
Esto ocurre porque el problema de fondo no es el temor del delincuente ante la autoridad, sino que persiste un estado de ineficiencia, desconfianza e impunidad. De nada sirve aumentar la pena cuando el aparato de justicia y seguridad no funciona con honestidad, apego a la legalidad y rindiendo resultados.
Durante las administraciones de los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se optó por establecer un régimen especial para la delincuencia organizada, incluir a los militares en tareas de seguridad y destinar grandes recursos del presupuesto a esta materia, entre otras medidas punitivas y reactivas.
La experiencia de 15 años de la misma política no acredita ninguna disminución significativa en la incidencia delictiva, por lo que no tiene sentido plantear el aumento de penas como la solución al fenómeno.
Las estrategias que deben implementarse requieren al menos tres grandes decisiones vinculadas a la responsabilidad estatal como garante de la seguridad pública:
1.Renovar y limpiar el conjunto de los aparatos de seguridad y justicia, para evitar que los responsables de resguardar a los ciudadanos y las libertades sean partícipes de su violación.
2.Implementar los convenios internacionales suscritos por México contra la corrupción y el lavado de dinero para evitar que sean letra muerta y contener el libre uso de los recursos financieros que utiliza la delincuencia organizada. En particular las Convenciones de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de 2000.
3.Establecer una evaluación sistemática de los programas y acciones de las instituciones de seguridad y justicia para hacer efectiva la rendición de cuentas, de forma que las acciones gubernamentales se apeguen a los principios de un estado democrático y de derecho y que al mismo tiempo sus resultados puedan ser ponderados y evaluados.
Este esquema de rendición de cuentas a la sociedad debe incorporarse en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluyendo a todas las entidades que lo conforman y reflejándose en informes a la Cámara de Diputados; de forma que los programas exitosos sean respaldados presupuestalmente y los que no funcionen sean cancelados.
El Centro de Estudios en Seguridad Pública considera que si bien puede existir una motivación política para proponer penas mayores, el resultado es finalmente negativo; pues los responsables de las instituciones públicas engañarían durante un corto tiempo a la opinión pública dando la impresión de que hacen algo por frenar la delincuencia, pero sin realizar una reforma profunda a todas luces urgente.
7 de agosto de 2008
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
