Abusos de militares, en ascenso en México: Centro Prodh

Boletín de prensa

México D.F., 16 de julio de 2008 (Cencos).- Tras las graves violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército Mexicano contra civiles, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó un informe preliminar que abarca el periodo de enero de 2007 a julio de 2008 en donde denuncian cerca de 50 casos de supuestos abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas.

Dichos casos se refieren a la violación de los derechos humanos como el derecho a la vida, a la integridad física y a no ser sometido a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes así como a la libertad personal entre otros.

Tales violaciones son conocidas solamente por el llamado fuero militar, es decir la jurisdicción de las fuerzas armadas, en vez del fuero civil, lo que aumenta la probabilidad de impunidad y limita el acceso público a información en dichos casos.

De acuerdo a los datos del informe del Centro Prodh, la mayoría de estos abusos por parte de los militares, de los que se tiene registro, se concentran en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa.

En Chihuahua el ascenso en las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas es “evidente” según afirma el documento, ya que en los medios nacionales de abril a junio de 2008 se han registrado por lo menos 6 casos de abusos militares, ante el aumento de la presencia de efectivos militares en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, implementado en marzo, y en el que cerca de dos mil soldados fueron desplegados en la entidad para asumir tareas de seguridad publica.

Con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de la Republica Mexicana en diciembre del 2006, los operativos militares de seguridad pública que buscaban atacar al crimen organizado, así como reducir la inseguridad en diversos estados, advierte el informe del centro de derechos humanos, han cobrado la vida de civiles inocentes.

Según información publicada en los medios de comunicación, en 2007 se reportaron 11 personas muertas en encuentros militares, mientras que en lo que va del año (hasta el 10 de junio) se han reportan otras 11 personas fallecidas.

Dichas cifras llevan al Centro Prodh a calcular que al cierre del año la cifra de muertos por abusos militares podrían ser duplicadas.

Por otra parte, destaca que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por casos de abusos militares contra civiles muestran el deterioro que en materia de derechos fundamentales vive el país y atribuye que el presidente Felipe Calderón Hinojosa como jefe máximo de las fuerzas armadas, “tiene una responsabilidad ineludible de cara a las reiteradas violaciones a derechos humanos que cometen sus elementos”.

La investigación del centro de derechos humanos solo muestran una “pequeña cantidad” de los incidentes, ya que se encuentran descartados los no públicos ni denunciados. Entre los sucesos de abuso más frecuentes se encuentran la agresión física y el ataque de con arma de fuego en retenes o cerca de los cuarteles militares.

De estos últimos se han registrado 14 casos en los que civiles han sido agredidos, sobre todo recibiendo impactos de arma de fuego por “no detenerse” ante las revisiones de los efectivos militares.

Según datos del informe las victimas de estos abusos son: menores de 18 años, jóvenes (18-24), indígenas, periodistas, empleados públicos y un gran número de mujeres, así como personas migrantes en territorio nacional, esto resultado de operativos para “salvaguardar” la frontera sur del territorio mexicano.

El informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez finaliza al afirmar que “las fuerzas armadas son entrenadas para actuar desde la lógica de la guerra contra un enemigo externo, no para llevar a cabo tareas policiales, ni mucho menos para hacerlo desde una perspectiva de pleno respeto a los derechos humanos de los civiles y de los derechos procesales de las personas a quienes se imputan lazos con la delincuencia”.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.