México D.F., 25 de junio de 2008 (Cencos).- Debido a la lucha incansable que viven los pueblos indígenas ante la violación a sus derechos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó el informe 2008 con el lema “Guerrero: Donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta”.
El informe destaca las violaciones que sufren los pobladores del estado del sureste de México, entre los que destacan la opresión, la pobreza y discriminación. Asimismo hace mención de lo que padecen cuando levantan sus voces y protestan para exigir el respeto y cumplimiento a sus garantías, clasificándolos como una amenaza para la gente.
Tlachinollan hace un llamado a los medios de comunicación masiva a no satanizar a quienes recurren a la protesta como un derecho básico para ser escuchados y, en Guerrero, no denigrar a los luchadores sociales. De igual forma solicita no llamar asociaciones delictivas a las organizaciones que están en esta lucha como lo son la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), conformada por 30 organizaciones sociales y gremiales del estado, y la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM).
En el periodo de junio de 2007 a mayo de 2008, Tlachinollan tiene registro de 73 procesos penales del gobierno local contra de líderes sociales y 75 órdenes pendientes, de las que únicamente nueve expedientes han sido cerrados favorablemente. Por otro lado, se continúa la averiguación previa de 44 líderes más, dando como resultado 201 acciones penales cometidas en contra dirigentes sociales en el estado gobernado por Zeferino Torreblanca.
Asimismo se agregan a la lista 11 integrantes del Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me´phaa de la variante lingüística Bátháá, que se encuentran con órdenes de aprensión, mientras que el indígena tlapaneco, Cándido Félix Santiago, dirigente de este consejo ha sido detenido y encarcelado cuatro ocasiones durante 2007.
El informe también asienta que miembros de la Radio Ñomndaa, La Palabra de Agua, han sido victimas de la autoridad municipal de Xochistlahuaca, y actualmente cuentan con 11 órdenes más de aprehensión.
Tlachinollan hace un reconocimiento al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), por su lucha tenaz en defensa de su territorio al enfrentar a las autoridades federales y estatales a través de los recursos jurídicos y de la movilización social, lo que ha costado seis detenciones de sus líderes mismos que se encuentran procesados desde 2004.
Otro tema que destaca en su informe es la educación, derecho de todos los mexicanos establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del que son excluidos los pueblos y comunidades de Guerrero por ser catalogados como un peligro y una amenaza, promoviendo la injusticia y la exclusión. En la búsqueda de la defensa a este derecho, estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa promueven una exigencia permanente a la Secretaría de Educación en Guerrero a que garantice el derecho al trabajo por medio de la creación de nuevas plazas en la educación primaria.
Entre las organizaciones más perseguidas por el Ejercito Mexicano se encuentra la OPIM, que en lo que va del año ha tolerado 15 órdenes de aprehensión; por otro lado se encuentra también la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la misma Policía Comunitaria con 38 órdenes en contra. El centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a 14 años de vida, se establece dentro del movimiento de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de los derechos humanos, entre los que destacan los Na savi, Me´phaa, Nauas y Amuzgos, así como por cultivar la pluralidad lingüística y cultural.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C.
