Víctimas de la militarización

México D.F. 11 de junio de 2007 (CENCOS).- Ante los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de elementos del Ejército Mexicano en distintos lugares de la República, es cuestionable la estrategia de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que puso en marcha el presidente Felipe Calderón, donde los militares juegan un papel primordial al verse rebasadas las instituciones de seguridad tradicionales, en el que parece estar confundidas estrategias de seguridad nacional con la seguridad pública.

Los hechos demuestran que el Ejército goza de impunidad ante los abusos del uso de la fuerza y que el gobierno está dispuesto a encubrir sus abusos en aras de mantener la iniciativa de seguridad nacional ante el incremento de la violencia de las mafias de narcotraficantes y la ineficacia de las policías para hacerles frente.

Recuento de Daños (algunos casos que han llegado a la luz pública)

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, quedó de manifiesto la forma en que los miembros del Ejército ejercen su trabajo en los retenes. Jesús Alonso Saucedo no pudo detener su camioneta cuando los militares le marcaron el alto y fue atacado con una ráfaga de disparos sobre su vehículo, matando a su amigo Adrián Salazar Hernández, que iba en el asiento del copiloto el 3 de junio de 2007. Otro caso similar se dio en Reynosa, donde los uniformados abrieron fuego contra un automóvil, matando igualmente al copiloto de un balazo en la cabeza.

Durante el festejo del Día de las Madres en el municipio de Miguel Alemán, un grupo de militares irrumpió y disparó en el interior del auditorio municipal, por lo que el gobierno de Tamaulipas solicitó la intervención de la CNDH en el caso. En el tumulto, dos mujeres resultaron con heridas que las llevaron al hospital; entre ellas Yazmín Valdez Hernández de 26 años, declaró a la policía que un soldado le dio un puñetazo en la boca y una patada porque volteó a ver quienes dispararon. En el municipio, cientos de personas manifestaron su repudio frente a la región militar de Miguel Alemán, y exigieron el retiro de los uniformados, ya que estos hechos no son los únicos abusos que han recibido ciudadanos por parte de los uniformados.

La militarización de la seguridad pública cobró víctimas en Sinaloa, el 1º de junio de 2007, cuando Adán Esparza Parra y su familia fueron acribillados por miembros del Ejército Mexicano. Cuando regresaban a su casa por una brecha en la sierra de Sinaloa, de la oscuridad salieron 20 soldados que sin más abrieron fuego sobre la camioneta pick up en la que transitaban, matando a la esposa de Esparza Parra, Griselda Galaviz Barraza; y sus hijos Grisel de cinco años; Edwin de siete y Juana de dos años, así como a Alicia Esparza, maestra rural y hermana de Adán. En el vehículo viajaban también Josué Carrillo, sobrino del conductor y la profesora rural Teresa Flores Sánchez, quienes junto con Esparza Parra convalecen en el hospital por heridas de bala. La justicia militar inició una averiguación previa y removió al general Arturo Olguín Hernández, comandante de la Novena Zona Militar, al igual que un juez militar de la Tercera Región Militar dictó auto de formal prisión contra los 19 elementos consignados por este hecho, lo cuál no asegura que este hecho no vuelva a ocurrir o devuelva la vida a las personas.
Sin embargo, con la consignación de los soldados por la misma justicia militar, se obstaculiza la acción penal ya que el Ejército Mexicano se convierte en juez y parte.
La CNDH encontró en el lugar de los hechos cinco cartuchos y 12 casquillos, así como una jeringa hipodérmica, por lo que pide a la Sedena los resultados de exámenes de laboratorio de los 19 soldados detenidos, referentes a “alcoholemia cuantificada y panel de drogas en sangre y orina” ya que se sospecha que actuaron bajo el influjo de la droga o el alcohol.

Otro caso que ya tiene casi un año es el caso de las Mujeres de la zona de Castaños en Monclova, Coahuila, a casi 260 kilómetros de la frontera con EUA, cuando en la madrugada del 11 de julio de 2006, 14 mujeres fueron agredidas sexualmente por militares. Durante cinco horas estas mujeres fueron humilladas, y en sus palabras “tratadas como animales”. Se evidencia el abuso de poder, ya que las agresiones y violaciones sexuales se llevaron a cabo por elementos militares en sus uniformes, armas y vehículos oficiales.

El caso de la indígena nahua, Ernestina Ascensión Rosario, es uno de los más alarmantes de los últimos tiempos, ya que engloba uno de los expedientes de encubrimiento más escandalosos con los que abre el sexenio. Es una historia de torpezas, de mentiras, de impunidad y de encubrimientos entre las distintas instituciones de justicia que han manejado el caso en torno a las causas del fallecimiento de Ascensión Rosario. El 25 de febrero falleció Ernestina Ascensión en la sierra de Zongolica; autoridades de Veracruz sostuvieron en un principio que había indicios de que la mujer de 73 años había fallecido víctima de una violación tumultuaria, pero posteriormente, al haber militares involucrados, la Procuraduría Militar atrajo el caso y encubrió a los sospechosos; el ombudsman nacional sostuvo que la indígena nahua falleció por causas naturales por problemas gastrointestinales, dictamen que incluso la CEDH de Veracruz puso en duda, versión que hasta el momento familiares y miembros de la sociedad civil rechazan.

Lamentablemente estos hechos no son casos aislados, son sólo unos cuantos casos que han salido a la luz pública, lo grave son aquellas agresiones y muertes en los cuáles las voces de las víctimas no encuentran una salida.

Ante los alarmantes hechos anteriores, el Centro Nacional de Comunicación Social AC no concibe las muertes de personas inocentes como parte de lo que ha denominado el Ejecutivo Federal de una guerra contra el narcotráfico. La sociedad demanda que el Ejército Mexicano no sea un elemento más de la incertidumbre nacional y que lo retiren de labores para las que no está capacitado, ya que los hechos demuestran que no son los militares quienes deben cuidar las carreteras y municipios del país.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.
CENCOS