Ley Televisa: Pendiente en la Agenda Nacional

"Una ley que se aprueba de la manera como ésta se llevó a cabo, en medio de una elección, prácticamente sometiendo a los candidatos y los partidos a su aprobación, en medio de una negociación de espacios publicitarios. Yo creo que lo primero que hay que resaltar es que no es manera para aprobar una ley".

Santiago Creel Miranda en Washington DC en el marco de un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.

Sobre la Ley Televisa: ¿Quién necesita decir que las cosas no se hicieron bien?, ¿Quién tiene que decir que sólo benefician a los dueños de los medios de comunicación?, ¿Quién necesita decir que los legisladores respondieron a intereses particulares?
Elementos a tomar en cuenta

Desde el inicio del sexenio de Vicente Fox, diversas organizaciones civiles iniciamos un proceso de trabajo arduo y comprometido para incidir en la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyTV), con la intención de colocar la voz de ciudadanos y ciudadanas, garantizando la participación, el acceso y las garantías para del derecho a la libertad de expresión.

Mesas y meses, de trabajo en compañía de la Secretaría de Gobernación, partidos políticos, académicos, dueños de medios de comunicación, para hacer una reforma integral en materia de comunicación. Esta parte de la historia concluyo con el Decretazo del Presidente de la República, en el que se modifico el Reglamento de la materia, con la que se redujeron los tiempos de estado a los medios de comunicación. El 10 de octubre, este decreto que vino a tirar la posibilidad de implementar un nuevo modelo para diseño de políticas públicas que se había venido trabajando por meses, en búsqueda de una reforma integral.

Después de este hecho levantamos la mesa, los y las ciudadanas nos fuimos al poder legislativo, que consideramos era el espacio natural de una reforma integral en tiempos de alternancia y avances democráticos. La Cámara de Diputados no dio mucho, así que el Senado fue un espacio donde el entonces Senador Corral, y Felipe Vicencio acogieron la propuesta en la que trabajamos. Pese a la propuesta de las organizaciones civiles de una Ley que promoviera el reconocimiento de las radios sociales, así como un órgano autónomo para las concesiones y permisos; y el logro de ser iniciativa discutida, consultada finalmente fue congelada.

En el mes de diciembre, fue aprobada por la Cámara de Diputados la propuesta de Televisa, que meses antes se rumoraba estaba siendo cabildead por dicha empresa, en vísperas de las elecciones. Todas fracciones de los partidos políticos, sin debate alguno, votaron por unanimidad a su favor y la turnaron al Senado.

Pese a la discusión fuerte, un grupo importante de Senadores argumentaron las incongruencias y el fortalecimiento al monopólico comunicativo en México con dichas modificaciones.

Pese al recurso puesto por organizaciones de cambios de la iniciativa en artículos de la Cámara de Diputados al Senado. La iniciativa fue aceptada el jueves 30 de marzo del 2006.

En ese contexto aparecieron la posiciones de organizaciones civiles, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en México, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Comisión Federal Comisión Federal de Competencia, Comisión Federal de Telecomunicaciones entre otros, posiciones que pedían el veto al Presidente de la República. El debate en la opinión pública fue fuerte, sin embargo las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

En ese contexto fue enviada la Minuta Paralela desde el Senado a la Cámara de Diputados, que enmendaría los errores de las modificaciones de la Ley, la cual quedo en la congeladora hasta la fecha.
Con la aprobación de la Ley Televisa, en mayo del 2006, se abrió un proceso de controversia constitucional presentado por 47 Senadores ante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que han una año empieza a ser atendidos, que tiene como punto central el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión es inconstitucional porque “contradice la rectoría económica del Estado, favorece el acaparamiento de los medios de telecomunicaciones en pocas manos, en perjuicio del interés público y de la libre ocurrencia”.
Dicha controversia fue apoyada por distintas iniciativas de amicus curie, o Amigos de las Corte, presentadas por especialistas, así como por organizaciones civiles, que hemos planteado la importancia de los accesos a los medios de comunicación como las radios comunitarias y la necesidad de un órganos regulador independiente del poder ejecutivo.

El Contexto Actual para la Discusión de la Ley Televisa

Lo primero a tomar en cuenta es que no es tiempo de elecciones federales, lo segundo los partidos políticos están hablando de una reforma del estado y ya no hay vuelta atrás; lo tercero es que en la sociedad civil hemos quedado excluidos de muchos procesos de dialogo y que en los últimos meses hemos visto crecer los atropellos contra nuestras propias demandas, como en tema de derechos humanos, lo cuales se involucran con dicha Ley.

En el contexto de la reunión de la semana pasada para la Ley del Reforma del Estado, el PRD colocó como prioritario la necesidad que la Suprema Corte declare inconstitucional dicha Ley, para mostrar disposición para la construcción de reformas.

Así a un año, que la Suprema Corte tiene en puerta el caso, el ex Secretario de Gobernación de la administración foxista, reconoce el poder de los medios de comunicación en un contexto electoral en el que los legisladores influyo para la aprobación de la LFRyTV. Al mismo tiempo que poder legislativo se posiciona como aquel que reparará los daños de lo aprobado en dado caso que la Corte no acepte el recurso.
El proyecto de dictamen elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la acción de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Televisa, prácticamente da la razón en todo al Ejecutivo federal. Con ello, consolida al duopolio televisivo, se mantiene la afectación de los medios de comunicación públicos y radios comunitarias e indígenas, además de que anula a la Comisión Federal de Competencia como ente regulador de los medios electrónicos de comunicación. Sin embargo, el proyecto propone invalidar cuatro artículos (16, 17-G, 28 y 28-A) de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT).
Esas anulaciones son de la mayor trascendencia, ya que incluso se elimina la subasta pública de las concesiones de radio y televisión al mejor postor, lo que para muchos especialistas constituía un verdadero "despojo" a la nación.
Los artículos que se declararían inconstitucionales son:
• Artículo 16, que señala que el término de la concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario, que tendrá preferencia sobre terceros.
• Artículo 17-G, por el cual la Comisión Federal de Telecomunicaciones hará la valoración para definir el otorgamiento de la concesión, la congruencia entre el programa a que se refiere el artículo 17-A de la ley, y los fines expresados por el interesado para prestar el servicio de radiodifusión, así como el resultado de la licitación mediante subasta pública.
• Artículo 28, que los concesionarios que deseen prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión a través de bandas de frecuencia concesionadas, deberán presentar solicitud a la Secretaría de Comunicaciones. Para tal efecto, ésta podrá requerir el pago de una contraprestación, que se determinará tomando en cuenta la amplitud de la banda del espectro radioeléctrico en la que se prestarán los servicios adicionales a la radiodifusión. En ese mismo acto administrativo, al concesionario se le otorgará el título respectivo para utilizar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional y para operar redes públicas de telecomunicaciones, mismo que sustituirá la concesión original.
• Artículo 28-A, el cual establece que la Secretaría de Comunicaciones vigilará que no se afecten en forma alguna los servicios de radiodifusión ni la implantación futura de la digitalización de los propios servicios.
Con estos elementos nos queda claro que quedan saldos pendientes de las distintas instancias involucradas, la irresponsabilidad del poder legislativo de no generar leyes en beneficio de la sociedad sino al servicio de la propia clase política, del poder Ejecutivo por servir al monopolio de este país.
La Ley Televisa vulnera derechos fundamentales de las y los mexicanos, no garantiza que el servicio de los medios de comunicación electrónicos sea con fines sociales, ni educativos y fortalece intereses mercantiles, va en contra de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hoy toca a la Suprema Corte entrar a la escena y plantear una posición que ayude a enmendar los errores de otras instancias que participaron o a ser parte como un actor más al servicio de unos cuantos.

Lo han dicho instancias internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en México; lo ha dicho la Secretaría e Gobernación, lo hemos dicho hasta el cansancio un grupo de ciudadanos y ciudadanas.. Y ahora Santiago Creel, ¿Quién más tiene que decirlo para sabes que en el proceso hubo intereses y que violenta la constitución y los derechos fundamentales?

Brisa Maya Solis Ventura
Directora del Centro Nacional de Comunicación Social A.C.
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